Quienes ya hemos vivido más allá de los venerables setenta calendarios, sabemos cuanto tuvieron que bregar los políticos honestos; que sí los habían, para lograr crear un Tribunal Constitucional que sirviera de freno a excesos legales incrustados alevemente en la escritura de las leyes que rigen el destino del país.
Basta retroceder alguno años para ubicarnos en la primera intensión de crear tal estamento en el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, pero todo intento fracasó, como fracasaron también tales intensiones de los congresistas realmente democráticos, en los gobiernos de Bustamante, Odría, Pérez Godoy, Belaúnde y García; (la corrupción iba ganando fuerza).
Parecía que el tema había sido olvidado y si embargo cobra fuerza durante el gobierno fujimorista, cuyo titular firma la autógrafa que dio vida al Tribunal Constitucional, sin imaginar que tres años después, cuando sus arrebatos dictatoriales ya eran materia conocida, con la complicidad de un Congreso genuflexo, prácticamente cerró el citado tribunal destituyendo a más de la mitad de dicho estamento, entre los que se contaba la primera dama integrante de dicho tribunal la doctora Delia Revoredo que dio batalla hasta lograr que dicho tribunal volviera a desarrollar su trabajo, esta vez sin el inefable cura Marcelo, fiel escudero del dictador junto al famoso «Saravá»· que desde su escaño en un acto de traición sin nombre, sustentó el pedido de la dictadura para denostar al T.C.
Aquí cabe precisar que si bien dicho tribunal se ha recompuesto, que está en pleno uso de sus atribuciones, dada la posible errada decisión de quienes deciden su conformación, viene dando ciertos traspiés que podría decirse desnaturalizan la esencia de su trabajo. Citemos solo un caso, el referido al uso de la píldora del siguiente día (AOE). La prensa capitalina ha dado diversas versiones sobre el tema, pero lo cierto es que en tal caso se dejó notar cierto tipo de presiones que no debieron amilanar a los integrantes del dicho cuerpo.
Ahora, nuevamente soplan vientos de fronda en los predios del TC, ante la airada reacción del gobierno que estima que dicho tribunal ha emitido fallo en un tema de carácter económico que según el oficialismo compete únicamente al gobierno y al Congreso de la república.
Aquí creemos que todo se debe a la falta de una norma que determine hasta dónde el T.C. tiene poder para rechazar normas legales que sus integrantes consideren contrarias a la constitución que dígase de paso, hasta ahora no adquiere legalidad plena.
