Tragedia en el río Corrientes

La muerte del suboficial PNP Carlos Neyra Abanto no es solo una tragedia: es una vergüenza nacional. Un hombre que salió a cumplir con su deber terminó pagando con su vida en una operación que nunca debió llegar a ese extremo. Detrás de su caída hay una cadena de omisiones, lentitud y decisiones cuestionables que hoy enlutan a una familia y golpean la conciencia de todo un país.
El secuestro de una barcaza con miles de barriles de petróleo, acompañado de amenazas y presuntos actos de extorsión, exigía una respuesta inmediata, firme e inteligente del Estado. No era un hecho menor ni aislado. Era una señal clara de que la autoridad estaba siendo desafiada. Sin embargo, lo que hubo fue silencio, inacción y una peligrosa tolerancia al avance del conflicto.
Dejar pasar los días no fue prudencia, fue negligencia. Cada hora sin intervenir permitió que la situación se radicalice, que se fortalezcan posiciones y que el desenlace sea inevitablemente violento. Cuando finalmente se actuó, ya no había margen para el diálogo ni para una salida estratégica. Solo quedaba la confrontación, y con ella, el riesgo mortal que terminó cobrando una vida.
No se puede normalizar que las fuerzas del orden paguen con su sangre los errores de planificación o la falta de decisión de quienes dirigen. Neyra no murió solo en un operativo: murió también por la tardanza, por la descoordinación y por la ausencia de liderazgo efectivo. Esa es una verdad incómoda, pero necesaria de decir.
Hoy no bastan los discursos ni las condolencias. Se necesitan respuestas claras, responsabilidades concretas y cambios reales. Porque si el Estado sigue llegando tarde, si sigue reaccionando en vez de anticiparse, nuevas tragedias serán inevitables. Y eso, simplemente, es inaceptable.