Qué bajo que ha caído la clase política del Perú. Prominentes personajes que desempeñaron altas funciones públicas en el gobierno nacional, han ido a parar en la cárcel por tráfico de influencias. Hoy, corrupto no solo es el empleado tramitador de documentos en las instituciones públicas que pide para la gaseosa o un sencillo, es el policía, el profesor, jueces, periodistas, ministros, y paro de contar, que hasta el vecino puede estar involucrado en algún asunto de esos.
El último caso es el protagonizado por el ex congresista y ex ministro Aurelio Pastor Valdivieso, a quien la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Anticorrupción en su Tercer Despacho, le ha iniciado investigación de oficio por el supuesto delito de tráfico de influencias u otros que habría cometido según denuncia pública de la alcaldesa de Tocache, Corina De la Cruz Yupanqui, a quien Pastor le había ofrecido influenciar en el Jurado Nacional de Elecciones, donde tiene amigos, para que desestime el proceso de revocatoria interpuesto a la representante edil, cobrándole por esa ‘gestión’ la suma de cincuenta mil soles.
El audio difundido a través de la televisión nacional, registra la voz de Pastor donde le dice a De la Cruz Yupanqui, «a mí me conviene que tu sigas siendo alcaldesa, me pagas poco a poco». En estos tiempos ya no se puede decir increíble, porque todo puede pasar. En la política o en cualquier parte ya no existe gente de fiar, esas personas que anteponían su apellido, su honor y el de su familia, antes que cometer un acto reñido con su formación moral, cívica y cristiana.
De estos casos ya estamos avisados, por lo que no debería llamar la atención uno más, total la continua práctica de algo la convierte en costumbre. Y esa costumbre, desgraciadamente, está arraigada en nuestro país. Los gobiernos y las instituciones públicas se han convertido en cuevas de ladrones, de los más descarados, y eso es una lástima porque se está sembrando un futuro indeseable.
Ante cualquier proposición de esta naturaleza en nuestro medio, el Ministerio Público debe actuar con celeridad y de oficio como se ha procedido en Lima ante este caso que viene a ser uno más en la historia delictiva de la clase política del Perú.
