Las leyes son hechas por los hombres y las mismas deben ser modificadas cuando en su nombre se afectan otros intereses comunes como el ornato y la recreación a que tienen derecho los pobladores y ciudadanos de la región y del país en general. Peor aún cuando resolverlo implica hacer trámites en nuestra querida pero criticada capital que lo centraliza y muchas veces obstaculiza proyectos, es por eso mismo que el anuncio sobre la eliminación de algunas trabas burocráticas como el código SNIP están en marcha.
Esto nos trae a colación lo que viene ocurriendo en la obra de la plaza 28 de Julio, que ha quedado paralizada desde que se encontraron restos materiales, al parecer de la época del caucho, y que tras la intervención fiscal han constatado que la comuna de Maynas no contaban con licencia ni autorización del Ministerio de Cultura para esa construcción. No es difícil imaginar el trámite a seguir en Lima para conseguir el permiso, pero obvio que la entidad edil debió hacerlo. Eso es indiscutible. Era su obligación.
Lo lamentable de todo esto es que una vez más, nos quedamos con obras inconclusas que por uno u otro motivo pasa a formar parte de los monumentos o escombros que perjudican nuestra existencia como ciudad, sin contribuir en nada a nuestro bienestar. Es que la ley dice así, se tiene que paralizar la obra. Sucedió con el Mercado Modelo, con la PTAR, en el pabellón del Penal de Varones de Iquitos, ahora con la plaza 28 de Julio, y tantas otras más sometidas a un “eterno” arbitraje.
Para solucionar estos obstáculos por errores de acción u omisión de los proyectistas o ejecutantes, sería oportuno en el plazo de la delegación de facultades legislativas que goza el Ejecutivo, se dicten medidas que sin perjuicio de la ejecución de las obras que resulten observadas por cuestiones de forma en la tramitación, más no observadas en el proceso constructivo conforme al expediente técnico, las mismas continúen; al margen de otras acciones que obligue la ley como consecuencia de no tener autorización del Ministerio de Cultura.
Y a propósito de este portafolio, también sería más efectivo que a las Direcciones Desconcentradas de Cultura-DDC, les delegaran funciones como el tipo de autorización para construcciones que solo lo otorgan en Lima.
Así también la supervisión no demandaría posibles trámites burocráticos y tediosos, y así podrían llegar oportunamente a otras construcciones como una obra en la localidad de Maypuco, distrito de Urarinas, río Marañón, que publicara nuestro diario “La Región” donde quedaron al descubierto restos arqueológicos posiblemente de las etnias urarinas y chambiras. Decenas de vajillas de greda fueron trituradas al paso del tractor, y sí restó la posibilidad de que tras investigaciones quedaran más indicios de nuestro pasado indigenista.
