Toda nueva gestión, sea de gobierno nacional, regional y municipal, al tomar posesión del cargo, lleva a su gente, a la cual coloca en distintos puestos, mediante contrataciones.
Es por eso, que se ve cómo aumenta la burocracia, teniéndose en una oficina a veinte personas, cuando solo con 5, máximo, funciona bien. Claro que muchas veces los contratados son personas que poco o nada conocen del trabajo, pero están ahí gracias al favor que les hizo la autoridad, en agradecimiento a haber trabajado en su campaña. Otros son aquellos que van a desempeñarse en cargos no tan simples, colocados por alguien que ha puesto dinero, que “ha apostado” por el hombre que ahora es autoridad. Para pagarles, se utiliza fondos destinados a otras necesidades, los que se ven afectados al ser malversados.
En el momento en nuestro medio hay más de tres mil personas que han sido sacadas del trabajo, quienes ahora exigen ser repuestos apelando a recursos de amparo.
Mediante este instrumento jurídico, sólo podrán ser reincorporados a sus centros de trabajo, los que ingresaron por concurso público y con plaza presupuestada, según sentencia el Tribunal Constitucional publicada el en Diario Oficial “El Peruano”. Por otra parte, el TC, sostiene que en los amparos contra la Administración Pública, que pretendan reposición, deberá verificarse que el trabajador haya ingresado por concurso público de méritos a una plaza presupuestada y vacante. Solo así se podrá ordenar la reposición.
La misma sentencia resalta que el derecho de acceso a la función pública tiene como elemento consustancial el mérito personal y capacidad profesional para el ingreso a la administración pública, lo que casi nunca se ha dado, porque siempre prima el conocido tarjetazo de alguien influyente.