La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República hace de conocimiento de la ciudadanía lo siguiente:
Conforme a lo expuesto por la Constitución y las leyes, toda decisión judicial puede ser revisada por una instancia superior, respecto de su legalidad y consistencia argumentativa. Para ello, el marco legal vigente regula las vías pertinentes que se formalizan a través de los recursos de impugnación y agravio, los cuales pueden generar la revocación o anulación de una resolución judicial ilegal o indebidamente motivada.
La conducta e idoneidad funcional de los jueces, de todo nivel y jerarquía, están sujetas a esquemas de control y supervisión permanentes, que se ejercen desde los órganos competentes del Poder Judicial, como la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), sus órganos descentralizados y, en su caso, por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Tanto por iniciativa propia de estas instancias disciplinarias, así como por queja o denuncia de las partes o de la ciudadanía en general, los actos disfuncionales y las conductas irregulares de los jueces pueden ser objeto de investigación y sanción. En este último supuesto, los procedimientos sancionadores respectivos están habilitados para disponer la remoción, suspensión o destitución del magistrado infractor; sin perjuicio de las responsabilidades penales a las que hubiera lugar.
En la coyuntura actual, el Poder Judicial reafirma ante la población del país, su sólido compromiso con los valores y principios constitucionales, que son bases esenciales de nuestra consolidación democrática, y entre los que destaca el pleno respeto a su independencia y autonomía funcional e institucional. Asimismo, la salvaguarda de la paz social y de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos a una administración de justicia transparente, oportuna y legítima. Por lo que no es compatible con estos objetivos, ninguna forma de violencia o autojusticia ni críticas destructivas que solo perjudican la institucionalidad y la vida en democracia. (WGN)
Sobre la revisión de las decisiones judiciales y el control de la conducta funcional de los jueces
