Nuestra sociedad en estos últimos tiempos, sobre todo en el ámbito laboral, parece que quiere hacer sentir que ignora los principios que dictan las leyes de la república y optan por hacer caso omiso de los preceptos legales, pese a que éstos en su contenido señalan sanciones punitivas contra quienes violen los principios de las leyes y el orden.
Lo ocurrido el sábado pasado en el local del sindicato de trabajadores administrativos del sector educción (SITASE), cuando se desarrollaba el tramo final del proceso eleccionario que elegiría a la nueva junta directiva de tal sindicato, pone en evidencia los conceptos vertidos en el párrafo que antecede; pues aunque parezca increíble, al cierre del proceso y cuando se iba a dar lectura al resultado final de la consulta, un grupo de sindicalizados atacaron a golpes a los integrantes del comité electoral.
Cual desaforados vandálicos, dichos personajes se dieron a la tarea de destruir las actas de votación, alegando por boca de la ex secretaria del SITASE, que el Comité Electoral se había prestado a manejar el proceso a favor de una de las candidatas al cargo.
Lo censurable del caso es que si los revoltosos habían detectado alguna maniobra dolosa, tenían a su favor la potestad que se da en todo proceso electoral, de interponer recurso de apelación, contra el acto eleccionario, nada hay, como es lógico suponer, que autorice actos de violencia como los que se dieron en dicho acontecimiento.
Debe señalarse que desde el inicio del proceso se rumoraba que habría actos de fraude, la insistencia del citado rumor, debió advertir a los responsables del acto electoral la posibilidad de brotes de violencia, más aún que ya circulaban rumores sobre un posible recurso de violencia que lamentablemente se dio cuando los miembros del sindicato sacaron a golpes a los integrantes del Comité Electoral.
Que hay responsables del deplorable acto, es una realidad, entonces es de esperar que la ley, la Fiscalía de Prevención del Delito actúe de oficio, pues no hay ley alguna que propicie la violencia en actos cuya proyección es determinar quién o quiénes gobernarán en instituciones que cumplen un determinado rol en la urdimbre ciudadana.
Quienes propiciaron los punibles actos vandálicos que pudieron degenerar en tragedia, ya que hubo violencia física, creemos que deben una disculpa pública a los agredidos y sobre todo a la sociedad en pleno que quiere respeto para quienes ejercen cargos directivos en las instituciones locales, pues se entiende que si dirigen una institución y, más aún, si ésta está identificada con el sector educación, el respeto y la cordura es lo último que debe perderse. Respetos guardan respetos.
