Sin reglamento

Es nuestro país ya nada sorprende, pero no deja de ocasionarnos preocupaciones, porque los males que sufrimos los peruanos en general empiezan por las acciones de quienes tienen las riendas del país y a quienes les confiamos esa responsabilidad. En definitiva estamos ante una crisis de principios y de debacle económico.
Recientemente hemos tenido el escándalo de la leche que no es leche, o que se parece, pero no es. Sucede que la ley que regulaba esta situación del negocio de los lácteos fue aprobada hace unos cuatro años, pero que su reglamentación estuvo en algún lugar esperando el momento que se concrete.
Es una de las deficiencias que ocurren en las normativas que se promulgan, donde en un acápite se indica que queda al pendiente la aprobación del reglamento de la ley. Llegar solo a la aprobación de la ley sin reglamento es casi como si nada, y se presta a una serie de situaciones irregulares como las que hemos vivido con la leche.
Pero, de pronto sucede el milagro y ya ha salido el reglamento donde se señalan criterios de lo que sí se debe considerar leche, como por ejemplo tener más de 70% para arriba el lácteo, o sea, esto sí es leche. El reglamento debe hacer las distinciones y que a partir de este documento las instancias respectivas tienen que actuar para que se cumpla.
La pregunta es cuántas leyes aprobadas en el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo deben estar todavía sin reglamento. Algún «padre o madre de la patria» se preocupó por conocer este «detalle» tan importante para la validez funcional de una ley, que es al fin al cabo el producto final de la legislación.
Algún congresista a raíz de estas situaciones que atentan contra la inteligencia y eficacia de quienes nos gobiernan en general, pensará en cómo lograr que ninguna ley pase si no cuenta con el reglamento respectivo, de considerarla incompleta y que tanto la promulgación como la reglamentación sean documentos que deben salir juntos. Es que uno no tiene razón de ser sin el otro.
Otro aspecto a observar no solamente en leyes nacionales, sino en ordenanzas regionales, y otros documentos hasta de los gobiernos locales, es que se tramitan y aprueban sin ninguna responsabilidad porque son documentos muertos ya que no cuentan con presupuestos para su ejecución. Así defraudan a la larga al pueblo que es consumidor de anuncios vacíos. Alguna entidad se ha pronunciado en ese sentido?