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Segunda Fiscalía de Prevención del Delito realizó operativo en Aldea Infantil Santa Mónica

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A fin de prevenir y combatir delitos contra la salud pública

La Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Loreto, realizó un operativo en las instalaciones de la Aldea Santa Mónica para prevenir y combatir delitos contra la Salud Pública en las modalidades de “Contaminación o Adulteración de Bienes o Insumos destinados al uso o consumo humano y alteración de la fecha de vencimiento”.

“El operativo contó con la participación de especialistas de la División Médico Legal del Ministerio Público, inspectores del área de Salubridad y de la División de Salud Ambiental de la municipalidad distrital de San Juan Bautista, con quienes nos trasladamos hasta la Aldea Infantil ubicado en Av. Guardia Republicana S/N, donde encontramos a la directora del establecimiento, Sandra Jesús Saldaña Pinedo, y administradora, María Concepción Reátegui Contreras, a quienes se les explicó el motivo de la visita facilitando el ingreso.

Realizamos un recorrido por los ambientes del lugar como el almacén de alimentos, cocina, áreas recreativas, dormitorios de los niños, unidades médicas, entre otros; detectando algunos productos que están por vencer en el mes de enero del 2018. Se observó un equipo odontológico pero que carecen de un profesional en odontología. Asimismo, el inspector de Salubridad recomienda que el personal de cocina debe seguir su curso de manipulación de alimentos, a fin de que tenga una capacitación sobre la indumentaria que deben portar, la limpieza e higiene, el orden en los almacenes, entre otros”, indicó el fiscal Carlos Costa.

Cabe recalcar, que la Aldea Infantil tiene una capacidad para albergar a 90 niños; sin embargo, a la fecha se tiene una población de 116, que son enviados por mandato judicial declarados en estado de abandono, niños y niñas desde los 0 años de edad hasta los 17; quienes reciben atención integral, atención médica, atención social, alimentación, atención psicológica, educación entre otros que administrativamente dependen del gobierno regional pero el órgano sector normativo es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“Hemos recomendado a la directora y administradora de la aldea infantil a continuar con las gestiones ante las instituciones del Estado para que se les atiendan en sus requerimiento de fumigación y desratización; del mismo modo, por medidas de seguridad gestionar ante Defensa Civil para que realicen las señalizaciones en casos de sismos o incendios, gestionar para que todos los módulos cuenten con sus extintores, que los alimentos que estén próximos a vencer sean utilizados antes de su vencimiento y que la compras de los mismos se haga con la debida atención, todo ellos con la finalidad de prevenir delitos contra la seguridad pública, salud pública y omisión de funciones”, expresó el representante del Ministerio Público. (Gonzalo López)

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