Las campañas de los movimientos y partidos políticos para postular a cargos públicos como alcaldías, gobiernos regionales, presidencia de la república etc., se realizan con mucho dinero, que muchas veces proviene de fuentes ilícitas como el narcotráfico.
Para ello, los candidatos o bien buscan un dineral o los interesados en mantener «negocios» con el o los posibles ganadores se muestran generosos con ellos haciendo aportes económicos.
Muchos de esos candidatos que llegaron a ser autoridades, hicieron grandes campañas, reflejo de una infraestructura y logística envidiable. De necesitados pasaron a ser «benefactores», con los fondos públicos por supuesto.
El punto está en que los simpatizantes, donantes de sumas respetables, lo que están haciendo es fundar una alianza estratégica para delinquir con la futura autoridad, ya que una vez en el cargo, ésta deberá devolver los favores recibidos con el otorgamiento de obras o venta de insumos, productos y artículos varios, claro, a través de licitaciones amarradas. En ese estado, el amigo se volverá en el titiritero y la autoridad en el títere que él maneja a su antojo.
Lo que describimos es exactamente la realidad. No es un cuento. Desgraciadamente es una triste realidad. Ante ello, la Jefa de la ONPE, Margarita Chú, señala que la Ley de Partidos Políticos, no considera sanción para los candidatos que no informen a este organismo de los aportes económicos recibidos y dados por quién.
La señora Chú, propone la inhabilitación de postular a cualquier cargo público por un período de 5 años, tiempo suficiente para «matarlo políticamente», o sea, el final de sus sueños.
Pero como toda ley se da en el Congreso de la República, no somos tan ilusos como para pensar que algún día se incluya esa sanción en la Ley de Partidos Políticos. Si no la pusieron en su debido tiempo, habrá sido por algo. Nuestros lectores saben que otorongo no come otorongo.
