“Histórica medida garantiza derechos de personas con discapacidad psicosocial”, dijo defensor del Pueblo en Loreto
- “Se acogieron recomendaciones de la Defensoría del Pueblo”
Diego Reátegui, defensor del Pueblo en Loreto, saludó el cierre definitivo del Centro de Rehabilitación del Enfermo Mental de Iquitos (Cremi), señalando que esto significa culminar con un modelo de atención que vulneraba derechos de las personas con discapacidad psicosocial, quienes eran sometidas a largos periodos de aislamiento y encierro por su sola condición de discapacidad, sin tomar en cuenta su decisión ni voluntad, en condiciones deficitarias en servicios, medicamentos, infraestructura y mobiliario.
“Las condiciones de vida de los pacientes del CREMI no eran acordes a un trato de respeto a su dignidad, situación que fue advertida por la Defensoría del Pueblo hasta en dos Informes Defensoriales. En la última visita de supervisión, realizada en mayo del 2015, coordinada con la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo exhortó al gobierno regional de Loreto y a los directores de hospitales al cierre de dicho centro y traslado de los pacientes a otro donde se les brinden las garantías de atención que establece la legislación vigente”, indicó Reátegui.
Por ello, saludó la decisión del gobernador Fernando Meléndez de cerrar definitivamente este espacio, apostando por orientar la atención en salud mental hacia un modelo comunitario, con servicios desde el primer nivel, que incluyen los servicios en hogares protegidos. En dichos hogares, que son casas como las de cualquier familia, se aloja un grupo de aproximadamente ocho personas con discapacidad psicosocial que no cuentan con familiares, quienes luego de salir de una situación aguda pueden continuar un tratamiento ambulatorio, recibiendo los apoyos necesarios para el desarrollo de una vida autónoma e independiente, en contacto con la comunidad, como es su derecho.
El defensor del Pueblo señaló que en el diseño, formulación e implementación de políticas públicas en salud mental, otros países de la región han pasado por un proceso similar, con la desinstitucionalización y cierre de centros de internamiento prolongado de personas con discapacidad psicosocial.
“Debe superarse el estigma que considera a estas personas como peligrosas, o que deben mantenerse alejadas de la comunidad. Corresponde al Estado eliminar cualquier tipo de barrera que pueda dar lugar a la discriminación, aislamiento y afectación de derechos como la libertad e integridad. En ese camino, así como ha ocurrido en Loreto, todos los gobiernos regionales y locales del país están llamados a implementar servicios que promuevan la construcción de una sociedad inclusiva”, finalizó. (GL)
