- MINSA solo asignará S/ 6.25 millones de los S/ 18 millones establecidos para atender a comunidades afectadas por los lotes 192 y 8.
El Ministerio de Salud volverá a destinar menos de la mitad del presupuesto establecido para la atención integral de las comunidades indígenas afectadas por la actividad petrolera en los lotes 192 y 8, en la región Loreto. Así lo confirmó la institución durante la instalación de la Mesa Técnica Multisectorial realizada el viernes 7 de noviembre en Iquitos.
Para el año 2026, el sector considerará apenas S/ 6.25 millones de los S/ 18 millones que deberían asignarse conforme al “Plan de Salud Integral e Intercultural y Monitoreo a Exposición de Metales Pesados e Hidrocarburos”, documento aprobado mediante la Resolución Ministerial N.° 778-2022-MINSA y vigente desde 2022. El plan fue acordado durante la Consulta Previa del Lote 192 en el 2021.
Esta situación se repite por quinto año consecutivo, debido a que el Estado nunca ha asignado el presupuesto completo para implementar el plan en su totalidad. Según datos oficiales, la suma de los montos asignados entre 2022 y 2024 no llega ni siquiera a cubrir lo que corresponde a un solo año de ejecución.
Las organizaciones indígenas han denunciado reiteradamente que la falta de financiamiento adecuado ha obligado al MINSA a sacrificar componentes esenciales, dejando solo operativas a las brigadas itinerantes. Actividades como capacitación en atención primaria, vigilancia epidemiológica, abastecimiento de medicamentos y proyectos de investigación continúan sin ejecutarse de manera óptima.
De acuerdo con el director de la Dirección de Pueblos Originarios del MINSA, el presupuesto asignado para 2026 permitirá únicamente “cubrir las actividades básicas”, lo que confirma que nuevamente no se alcanzará la implementación integral del plan de salud diseñado para atender la grave situación sanitaria de la zona.
El plan tiene como objetivo atender a cerca de 65 mil indígenas de 446 comunidades de siete distritos de Loreto, quienes viven en un contexto marcado por la contaminación petrolera acumulada durante décadas. Estudios del propio Estado, realizados desde 2012, evidenciaron niveles de metales pesados por encima de los límites permitidos en la sangre de los habitantes de estas cuencas.
Las comunidades de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón advierten que la falta de inversión adecuada perpetúa la precariedad de los servicios de salud, pese a que la exposición a hidrocarburos y metales pesados sigue siendo un riesgo constante para su salud y supervivencia.
(K. Rodriguez)
