Al otorgar un aumento general de 25% a los médicos de EsSalud, el Gobierno cedió frente a la huelga que él mismo, con buena razón para ello, había declarado ilegal. Pero también es cierto que logró colocar, como parte de la solución, una pica en Flandes: acordó con los huelguistas la reestructuración de la entidad con lo Ejecutivo emitió un decreto supremo que declara el Seguro Social de Salud en reorganización.
Hoy en día la institución hace principalmente dos cosas: colecta los aportes de sus asegurados y luego los atiende a través de su red de hospitales. Estas dos funciones son totalmente distintas y perfectamente separables, habiendo mucho que ganar en dividirlas. EsSalud debe pasar a ser solamente un fondo constituido por los aportes de sus asegurados y contratar a terceros -establecimientos de salud públicos o privados- para que ellos presten los servicios médicos. A cambio, estos establecimientos recibirían del fondo un monto acordado por cada atención médica que realicen o por otros criterios mensurables contenidos en un contrato de gestión.
Actualmente los hospitales de EsSalud saben que su suerte no mejora ni empeora según el tipo de servicio que den a sus clientes. Si, en cambio, cobrasen sus ingresos del fondo de EsSalud conforme al número de pacientes que escoge atenderse en cada uno de ellos, a base de la calidad y de los precios que ofrecen, tendrían muchas más razones para esforzarse en satisfacer a cada paciente y para aprovechar mejor los recursos que tienen. Hospitales así no podrían darse el lujo, por ejemplo, de tener estabilidad laboral absoluta y una jornada de seis horas como las que hoy tienen los médicos de EsSalud. Por otro lado, los hospitales que fuesen premiados por la preferencia de los asegurados tendrían más recursos para los necesarios aumentos de las remuneraciones de los médicos y las indispensables mejoras del instrumental, la maquinaria y, en general, la infraestructura con la que hoy se atiende a los pacientes de EsSalud.
La misma fórmula, por cierto, debería aplicarse, con las adaptaciones pertinentes, al caso de los médicos del Ministerio de Salud. Al fin y al cabo, lo sustancial de la atención del ministerio se brinda también a través de un seguro, el Seguro Integral de Salud (SIS). Aquí también se puede, pues, separar claramente las dos funciones: que el SIS sea solo un fondo y firme contratos de gestión o de pago por atención con diferentes establecimientos (privados o públicos), dándoles a éstos autonomía de gestión para que se puedan diferenciar frente al consumidor y competir. Así ocurrió en la década de 1990 con los Comités Locales de Administración de Salud (CLAS) y la experiencia fue muy exitosa.
Los asegurados del Estado también deben poder recibir un servicio de salud de calidad y para ello deben tener, frente a las instituciones que los atienden, el mismo poder que tienen los privados: el poder de elegir y, consiguientemente, el de exigir.
