- Un problema a resolver con urgencia
- #ni una menos!. ¡rompamos el silencio!
Por: Psic. Faviola Mares Quispe
Hace unos días, cuando la campaña para la movilización nacional por ¡NI UNA MENOS! lograba mayor vigencia en la agenda nacional, fui testigo una vez más de lo mucho que aún falta por andar en las instituciones que intervienen en la ruta de denuncia de la violencia de género, al acompañar a una amiga, una que suma las estadísticas de tentativa de feminicidio, quien luego de diez años de violencia se atrevió a denunciar.
No ha sido fácil para esta joven mujer alzar su voz. Amenazada y con su cuerpo magullado por los golpes, tuvo que dejar su hogar y retirar a los hijos para proteger su vida, hecho que dio parte a la comisaría del sector. Pero, nada de ello ha servido. Ni la evidencia de las huellas de la violencia en el rostro, en el abdomen y en otras partes del cuerpo para que la PNP inicie los procedimientos de ley, registrando sólo el retiro del hogar sin priorizar la causa que motivaba el hecho, haciendo caso omiso del plazo máximo de 72 horas para que se ponga en marcha las medidas de protección.
Ha debido transcurrir 20 días más, para que tome fuerzas y busque ayuda con otros actores, exigiendo justicia para recuperar su casa y solicitar garantías para su vida. En ese caminar, ha sido necesario acudir a la Fiscalía de Familia a fin de que imponga el cumplimiento de los procedimientos de ley.[1]
Este es el drama de las mujeres que se atreven a denunciar: registro tardío de la denuncia en la PNP, la víctima debe narrar una y otra vez los hechos, la oficina de medicina legal demora más de 15 días para derivar el informe físico y psicológico a la PNP y otro tanto en la Fiscalía hasta que se judicialice.
No es casual esta débil respuesta, pues se trata también del imaginario colectivo sobre los estereotipos impregnados en los operadores que intervienen en la ruta de denuncia, que aún mantienen las viejas concepciones que admiten como “normales” las relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres y que se traduce en incremento del abandono de denuncias por violencia de género, perpetuándola.
El feminicidio es producto de la prevalencia de la violencia contra las mujeres. La ONG Flora Tristán, la define como “el genocidio contra las mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres”.
Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia sexual o algún otro tipo de abuso, perpetrado generalmente por una persona allegada. Según la OMS, América Latina es la segunda región con los índices más altos de muertes de mujeres por violencia mientras que alrededor de la mitad de las muertes de las mujeres en el mundo es responsabilidad de sus esposos, cónyuges, novios, convivientes, ex convivientes y enamorados.
El Feminicidio en el Perú se caracteriza por presentar un antecedente de violencia familiar o violencia entre la pareja. Muchas de ellas acudieron en busca de apoyo a diferentes instituciones del Estado, pero no recibieron respuesta adecuada, rápida y eficaz a pesar de tener las potestades para actuar. Esto nos confirma que el Estado aún no es capaz de proteger apropiadamente a las mujeres, ya que el sistema judicial no responde con eficacia a sus demandas, exponiéndolas a las represalias de sus agresores quienes luego provocan su muerte. Ello evidencia también que el hogar (identificado por muchas mujeres como seguro) en realidad no lo es, dado que éste es uno de los principales espacios donde las mujeres son victimadas por sus agresores.
A partir de las denuncias públicas sobre casos de violencia de género, en nuestro país está ocurriendo un fenómeno nunca visto, la Campaña #NI UNA MENOS! es parte de ello. Nos inspira construir una sociedad diferente para nuestras hijas e hijos, que le ponga fin a las prácticas sociales violentas contra las mujeres, en el entendido que la única manera de afrontar esta problemática es hacerla visible y actuar en consecuencia.
Marchamos por las que no van a poder marchar, porque no se les permite o porque sus ojos se cerraron para siempre, porque es necesario acabar con la complicidad del sistema de administración de justicia patriarcal, porque exigimos que se aplique una política judicial con perspectiva de género, porque necesitamos una educación en igualdad de género desde la escuela. Porque exigimos a los gobernantes garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las mujeres, sin exclusión. Porque sí es posible construir una sociedad más justa e igualitaria, cuando las voluntades se suman.
[1] De acuerdo a las últimas modificaciones de la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, los casos de denuncia por VIF en adultos deben ser atendidos a partir de la fecha, por la Fiscalía Penal.
