- Elevó quejas ante la jefa de la oficina de control de la magistratura y presidenta de la JNJ.
Y es que todos conocen el caso del alcalde Martín Arévalo, en cuanto al presunto soborno que lo llevó incluso a pasar 9 meses en el penal. Pero desde que salió de ahí, todos sus casos parecen haberse congelado en el juzgado de la corte de Loreto, que ve el tema. Por lo que la regidora de San Juan Lila Lozano Rojas, elevó quejas ante órganos de la capital.
Ella envió un documento a la Dra. Mariem De La Rosa Bedriñana, jefa de la oficina de control de la magistratura, solicitando información y celeridad del trámite hecho.
“Que, ante el primer juzgado de investigación preparatoria de la corte superior de justicia de Loreto, se tramita la denuncia interpuesta contra José Martin Arévalo Pinedo y otros, alcalde de la municipalidad de San Juan por cohecho pasivo y peculado. Quien vergonzosamente fue filmado en su despacho municipal recibiendo fajos de dinero a cambio de favorecer con obras públicas a sus co-denunciados empresarios.
Por lo que estuvo 9 meses en prisión preventiva. Sin embargo, avalado por la sala penal de apelaciones (la del año 2020) que “administraron justicia” él continúa ejerciendo el cargo de alcalde como si nada hubiera pasado y quizá siga cometiendo los mismos delitos.
El día que se difundió el video de la coima, la autoridad fue duramente cuestionada por la ciudadanía por tan evidente acto de inmoralidad y corrupción de lo cual incluso fueron testigos nuestros hijos y aparentemente quedó como si nada hubiera sucedido.
¿Acaso la ciudadanía tiene que acostumbrarse a ver como un hecho normal estos tipos de corrupción? O se espera que termine su gestión en diciembre de 2022 para que recién puedan impulsar el proceso. La misma suerte ocurre con las carpetas fiscales 2019-286 y 2019-289 que están en la fiscalía y hasta la fecha, pese a que existen pruebas irrefutables, continúan paralizadas.
Asistimos a su despacho ante la preocupación de los ciudadanos que reclaman justicia pronta y oportuna. Cuesta aceptar que con el argumento de “mucha carga procesal” en las instituciones que administran justicia (mp y pj) no avancen las denuncias por actos de corrupción” dice la regidora quien también envió documento similar a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Luz Tello Valcárcel.
