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Recuperemos el PTAR para vivir con dignidad

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En los últimos días y en razón al juicio oral que se viene desarrollando del denominado “Alcantarillado 2”, se ha conocido que las razones por las cuales el sistema de alcantarillado y PTAR de Iquitos construidos en la gestión de Yvan Vásquez no pudieron funcionar de manera integral, conforme al informe de veeduría de Contraloría No 475-CG/L555, del 2012, es que Sedaloreto no tenía las capacidades operativas y económicas para hacerse cargo de la operación del PTAR, y, que en ese momento existía problemas de servicio de energía y demora en la ejecución de los trabajos en el alcantarillado – ciudad, denominado Lote 2, lo que es distinto a lo informado por las autoridades en su momento, que el sistema no funcionaba por fallas en su construcción.

Al margen de las responsabilidades que el sistema judicial encuentre y sancione, para la población de Iquitos que convive diariamente con las enfermedades infecto intestinales producto de la enorme contaminación que se produce al tener un sistema de alcantarillado residual obsoleto y abierto, que verte sus aguas al río Itaya, el cual frente a nuestra ciudad se ha convertido en el principal foco infeccioso, no solo contaminando las labores que se realizan en este pesca, navegación, turismo, lo más pernicioso es que al producirse la evaporación de sus aguas esta contaminación es trasladada a toda la población a través del aire que vive prácticamente indefensa.

Es importante esta alerta de la Contraloría General de la República en el año 2012, puesto que luego de culminadas las obras ha habido varios intentos en volver hacer funcionar la PTAR, y, dependiendo quienes gobernaban las dificultades pasaban porque supuestamente el PTAR tenía deficiencias en su ejecución que no permitían su funcionamiento, razones no entendidas para los que fuimos testigos de su funcionamiento por más de un año, y, que fue paralizada en marzo de 2015, aduciendo que se requería hacer investigación fiscal para determinar responsabilidades, entendemos que estas ya concluyeron hace muchos años, sin embargo, no se ha evidenciado siquiera un plan de acción que ataque realmente el problema real; que Sedaloreto no tiene capacidad económica y operativa para hacerse cargo, incluso en esta alerta de la CGR se establecen los presupuestos que se requerían, entonces si la solución pasa porque opere nuestro concesionario de saneamiento, se requiere conseguir los recursos y dotar de capacidades operativas a través de la formación de nuestros propios profesionales y técnicos, es decir, tenemos que asumir la responsabilidad de vivir en un ambiente limpio de contaminación, nuestras autoridades están notificadas.

Es hora también, que el Ministerio Público que recibió esta alerta desde el inicio de su investigación, enfoque sus esfuerzos en transparentar los hechos, y, no enturbiarlos bajo el pretexto de su estrategia acusatoria, buscando responsabilidad de la no operación del PTAR y el sistema del alcantarillado a quienes tuvieron a cargo su ejecución, cuando la propia CGR evidenció en su momento la falta de capacidad de Sedaloreto, en el ánimo que las autoridades encuentren la mejor solución, situación que hasta ahora no se ha producido, recordemos que en el 2015, el Ministerio de Vivienda envió a dos expertos del Banco Mundial que llegaron a las mismas conclusiones que la CGR, sin embargo, el gobierno regional de ese momento, y, el mismo Ministerio Público, desestimaron este informe de expertos, porque uno de ellos habría tenido relación laboral con NJS consultor, encargado del diseño, supervisión y puesta en marcha de estas obras, lo cual ahora es incomprensible al conocer que la propia CGR en el año 2012 ya había alertado esta situación.

De seguro que queremos un sistema de justicia fuerte y eficaz, que persiga el delito y lo sancione de corresponder, pero este no puede politizarse para dar la razón o defender posiciones que están en contra del bienestar de toda la población, persigamos y castiguemos a los delincuentes quienes quieran que sean, pero en este propósito no se puede esconder la verdad, puesto que así solo se posterga la solución al problema máximo que es vivir con dignidad.

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