Obligadamente y por considerarlo tema que debe ser de conocimiento ciudadano, dada sus implicancias en la vida activa de la región, retomamos el hilo de un reclamo que publicamos hace algo más de dos años, sobre el cumplimiento de lo que ordena la ley 29263, en cuanto a la tala indiscriminada de especies maderables de la región.
Se hace presente que con gran tino y obedeciendo el clamor popular, el gobierno en los primeros días del mes de enero del 2009, aprobó la entrada en vigencia del Código Civil Modificado, que por ley Nº 29263, sanciona con pena de cárcel de hasta 6 años, el delito de tala ilegal y tráfico de especies de flora y fauna protegida. Antes de tal modificación, dicho delito recibía una sanción no efectiva de uno a tres años. En cuanto a los delitos de contaminación del ambiente, con descargas y emisiones de gases tóxicos, ruidos y vertimientos o radiaciones, ahora se hacen acreedores a una sanción penal de penas privativas de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.
Como añadidura a tales sanciones, ahora cuando tales actos conllevan formas agravadas, tendrán una pena que puede llegar a 10 años de cárcel. Las formas agravadas se dan cuando se comete delito contra una comunidad nativa o un área protegida; asimismo si el delito se comete con armas o explosivos o similares, también cuando el delito lo cometen dos o más personas y cuando el autor del delito causa lesiones graves o la muerte con sus ilícitos actos.
A la vista, las causas que conllevan delito contra el medio, el ambiente y el equilibrio ecológico, se estimaba que dicha práctica se batiría en retirada; sin embargo, hay denuncias que señalan en la actualidad, la violación de tales reglas; además, hasta ahora desde la vigencia de la ley, han transcurrido casi año y medio, y no se sabe de ninguna detención ni desarrollo de algunos procesos por dichos delitos.
Reconocemos que al parecer existen cómplices embozados en determinadas instituciones, que solapan dichos delitos cubriendo con su silencio cómplice a quienes han hecho de lo ilegal un medio de vida. Aquí es donde debe entrar a tallar la colaboración ciudadana y sobre todo el periodismo responsable que por su condición de fiscalizadores naturales tiene la gran obligación de colaborar con la justicia, denunciando todo acto que contravengan las leyes dadas para proteger nuestros boques y nuestro sistema ecológico natural.
