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Reconocen territorios ancestrales de comunidades del Lote 192

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  • Mediante carta enviada por el Gorel al Ministerio de Energía y Minas
  • Pueblos indígenas tendrían seguridad sobre sus derechos de titulación y servidumbre

 

Si desde hace varios años se pretende mejorar las condiciones de titulación de territorios indígenas en zonas petroleras, esta podría ser una gran oportunidad. El pasado 25 de octubre el Gobierno Regional de Loreto, como entidad competente,  remitió al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) el oficio 772-2016-GRL-P, donde da opinión técnica que acredita que el Lote 192 “se encuentra superpuesto con territorios ancestrales de las comunidades nativas”.

Este hecho que podría resultar evidente, ha demandado reiteradas gestiones y diálogo desde las organizaciones indígenas FECONACO, FEDIQEP, ACODECOSPAT y OPIKAFPE, puesto que los intereses tras esa definición son poderosos. En agosto de 2016 la actual empresa operadora del lote, Pacific Stratus Energy, solicitó constituir en su favor el derecho de servidumbre sobre ese lote.

Queda del MINEM no adoptar una decisión arbitraria, la cual priorice derechos de empresas contra derechos de las comunidades, situación inaudita en cualquier otra parte del Perú en donde un tercero debe pagar servidumbre y respetar la propiedad del territorio.

El documento representa un paso importante para establecer seguridad sobre el derecho de titulación, de servidumbre y otros de los pueblos indígenas. Asimismo, el documento genera un valioso precedente para otros Gobiernos Regionales, quienes deberían reconocer el derecho ancestral del territorio como lo determina el Convenio 169 de la OIT y no superponer derechos por intereses particulares.

Esta decisión llegó producto de un convenio firmado entre el GOREL y FECONACO, FEDIQUEP, ACODECOSPAT y OPIKAFPE quienes conformaron un Comité que se encarga del proceso de titulación de 124 comunidades indígenas en las cuatro cuencas. El proceso de titulación se extiende hasta 2017.

El próximo paso tiene que darlo el MINEM, quien luego de la opinión técnica debe garantizar en adelante el respeto de derechos sistemáticamente vulnerados desde hace más de 40 años. (Gonzalo López)

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