- Flor de María Paraná Vásquez, madre de Cuninico
La comunidad kukama de Cuninico y otras vecinas podrían ver en los próximos meses cómo cambia su situación en caso se declarare fundada la demanda de cumplimiento que presentaron contra la empresa Petroperú y otras seis entidades del Estado, por el derrame de dos mil 500 barriles de petróleo sobre su territorio, ocurrido en junio del 2014, en el distrito de Urarinas, provincia y departamento de Loreto.
Flor de María Paraná Vásquez, madre de Cuninico, cuestionó ante la magistrada que el Estado no haya cumplido con brindar atención médica a las comunidades. Denunció también que hasta ahora consumen pescado contaminado, producto del crudo que todavía se puede encontrar en la quebrada que recibió el tóxico el 2014.
“Quisiera que los funcionarios de Petroperú se vaya una semana, para que sientan cómo nosotros vivimos en nuestra comunidad. Para que ellos vean qué cosa estamos tomando, qué cosa estamos comiendo y cómo estamos viviendo, como madre estamos matando a nuestros niños, a nuestros hijos, a nosotros mismos”.
La decisión del caso se encuentra en manos de la titular del Juzgado Mixto de Nauta, Beatriz Velásquez Condori, quien escuchó los alegatos de las partes en una audiencia, realizada el pasado lunes 13 en Nauta, a la cual asistieron solo dos representantes del lado del Estado: el procurador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el abogado de Petroperú.
Brillaron por su ausencia representantes del Ministerio de Salud (MINSA), el Gobierno Regional de Loreto, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), y el Instituto de Defensa Civil (Indeci), en quienes las comunidades también encuentran responsabilidad por la situación de desprotección que hoy afrontan. (MIPR)
