- Declaró el gerente general del gobierno regional Econ. William Pablo Soria Ruiz, en torno al recorte radical del presupuesto para dicha lucha.
“La selva peruana en particular Saramiriza, Putumayo, ríos como el Nanay, están afectados gravemente por la creciente actividad de la minería ilegal en busca de oro aluvial y es contraproducente que asignen menos recursos para la lucha contra esta actividad que afecta a la Amazonía y a las personas que trabajan honestamente en el lugar.
Además, los afectan con el consumo de pescados y aguas contaminadas, incluso a Iquitos ya que la empresa capta agua de esa cuenca (Nanay) para luego distribuirla a los usuarios. Se requiere urgentemente la articulación de diversas entidades como la policía, la fiscalía, las fuerzas armadas que son quienes ejercen el control en la zona de frontera.
También todas las instituciones que tienen que ver con el mantenimiento de las áreas protegidas. El gobierno regional siempre está atento a través de la gerencia del medio ambiente y la dirección de energía y minas.
Hace poco se ha implementado la ACR Medio Putumayo Algodón que estará a cargo del Gobierno Regional de Loreto. Se tiene un plazo de nueve meses para elaborar el plan maestro de gestión, el cual deberá incluir el manejo sostenible del territorio, vigilancia comunitaria y oportunidades para el desarrollo indígena sin deforestar.
Articulamos con el sector privado y la cooperación internacional, a fin de dotar de recursos e implementar el plan de manejo del área de conservación natural. Aun así, se requiere de más recursos, la región es extensa y estas actividades generan daños ambientales que de no combatirse son irreversibles para la naturaleza y la vida de las personas.
Hacemos un llamado al gobierno central para que revierta este asunto y puedan asignar mayor presupuesto para que se siga luchando contra este flagelo minero.
Existe gran preocupación porque cuando buscamos aliados para hacer interdicción en esas zonas afectadas, las entidades tutelares dicen que no tienen medios para movilizarse con buenos motores, no hay combustible, les faltan viáticos, alimentos y el costo es extremadamente alto.
Muchas veces como gobierno regional no contamos con presupuesto para poder atender esas necesidades. Este es un compromiso del gobierno nacional articulando con el gobierno regional y local, pero quién debe poner los recursos y definir las políticas públicas para la lucha contra la minería ilegal, es el gobierno nacional”, detalló Soria Ruiz.
