- Expresó Gonzalo Marsa, coordinador técnico del equipo de asesores del plan de vida pos petróleo.
El asesor supo aclarar el tema del plan mencionado con lo identificado por el gobierno nacional como “cierre de brechas”, para el cual ha destinado 6,200 millones de soles que deben ser invertidos en comunidades nativas asentadas en el cinturón petrolero, durante 6 años.
“El plan de cierre de brechas tiene una diferencia con el plan de vida pos petróleo. El plan de vida es una agenda completa, política, técnica y económica de la plataforma indígena que va mucho más allá de las ofertas del Estado. Es una agenda que incluye aspectos de derechos y aspectos de futuro.
El plan de cierre de brechas es una propuesta desde el Estado, son convergentes y en muchos aspectos son complementarios, casos en que se acercan, pero es una propuesta netamente técnica basada en prestación de servicios con una lógica administrativa. No tiene un trasfondo político, no satisface algunas de las necesidades y demandas históricas de la plataforma indígena, sino que se centra en invertir para cierre de brechas.
Por lo tanto, son dos agendas distintas y se complementan, la plataforma indígena ha aceptado y asumido que vamos a acompañar por interés de los pueblos, pero por ningún caso vamos a rechazar o renunciar a nuestra agenda política contenida en el plan de vida pos petróleo.
La propuesta que ha hecho el Estado ha sido revisada por la plataforma indígena a través de sus técnicos y es un documento válido a ese nivel, pero no olvidar que no pasa de ser una propuesta técnica. Nosotros antes de sentarnos a discutir una propuesta técnica, queremos crear condiciones políticas y sociales adecuadas para que esa herramienta técnica funcione.
Por ejemplo, un machete puede servir para muchas cosas, en función a quién lo use, para que lo use, con qué propósito lo use; ese es el plan de cierre de brechas. Nosotros queremos garantizar condiciones de gobernabilidad del plan, de tal manera que no estamos discutiendo en este momento la cantidad de millones, ni qué proyectos, cuáles sí cuáles no, si la brecha está bien determinada o no. Eso ya lo hemos realizado, lo hemos analizado y tenemos nuestro propio criterio y nuestro propio diagnóstico.
Ahora estamos pidiendo al Estado precisar cuatro cosas. La primera que cree condiciones políticas para que ese plan tenga un modelo de gobernanza compartido, colegiado, en que la plataforma indígena tenga voto y pueda acompañar el proceso de manera protagónica y participativa. Es decir, un proceso de reconocimiento como actor local.
Segundo aspecto importante el manejo técnico, hoy en Loreto no hay capacidad técnica para ejecutar los miles de millones, no hay capacidades instaladas para ello en seis años. Queremos crear un modelo de gobernanza económica que facilite que el dinero pueda salir y fluir, que pueda ejecutarse de manera especial de tal forma que no se traben las inversiones.
El tercer aspecto, que se cree un fondo intangible, que el fondo no salga por gotero, sino que se cree una estructura administrativa propia, especial, con autonomía y con fondo intangible que permita que los recursos verdaderamente fluyan en 6 años.
Cuarto aspecto es el jurídico. Queremos garantizar que la promesa y acuerdos alcanzados por el Estado no sean desconocidos por una nueva gestión, por el nuevo presidente o nuevo premier como suele ocurrir. Se escribe una cosa con la mano y se borra con el brazo. Entonces queremos blindar éstos acuerdos a través de fórmulas legales jurídicas que reconozcan y que hagan de este Plan, de este acuerdo; una política de Estado que no sea posible desconocer por ningún actor público y que sea un referente en la agenda pública de los próximos años.
