- Ante la reactivación de la explotación del Lote 192.
El 28 de febrero se suscribió el contrato entre Perupetro y Petroperú para la explotación del Lote 192 en Loreto por un plazo de 30 años. La noticia se ha dado en medio de un escenario de convulsión social en el país, pero sobre todo ignorando una serie de incumplimientos del Estado con las comunidades indígenas de la zona.
Tanto Perupetro como Petroperú han celebrado el contrato de licencia asegurando que el reinicio de la actividad petrolera en el lote, paralizada desde febrero del 2021, establece las condiciones para un “desarrollo sostenible”, el «respeto a la población indígena» y operaciones “armoniosas con el medio ambiente”.
Por su lado, desde el gobierno se ha resaltado el evento como una medida de fortalecimiento de la seguridad energética, puesto que significará el aumento del 25% de la producción petrolera considerando que el Lote 192 es el yacimiento histórico más importante de la Amazonía.
Sin embargo, aunque los pronunciamientos de las agencias y el gobierno han destacado el proceso de Consulta Previa con las comunidades, han omitido por completo que el cumplimiento de gran parte de los 67 acuerdos derivados de dicho proceso, se encuentran estancados o sin concretarse y no se reducen al Fondo Social. Incluso, existe una demanda constitucional interpuesta contra el Estado desde abril del 2022, precisamente por tal situación.
Por otro lado, la noticia también oculta que no se ha iniciado la remediación ambiental de los territorios de las comunidades (1199 sitios impactados por hidrocarburos, aguas de producción, residuos sólidos, etc.) por falta de presupuesto, capacidad técnica y voluntad política del MINEM. Vale decir que los derrames de petróleo tampoco han cesado durante estos meses por la falta de mantenimiento y antigüedad de los ductos, generando casos de emergencia ambiental y sanitaria.
Recientemente también PROFONANPE ha informado sobre el escandaloso costo del Plan de Abandono que tendrá que asumir el Estado a causa de las operaciones de la Pluspetrol Norte (2000-2015), un monto que asciende a los 5 mil millones de soles. Por su parte, el Plan de Abandono de la Frontera Energy (2015-2021) continúa en evaluación, no sin intentos de evadir su responsabilidad ambiental.
Las federaciones indígenas de las FEDIQUEP, FECONACOR y OPIKAFPE han advertido reiteradamente durante el 2022, mediante pronunciamientos de sus asambleas, que de no empezar con la remediación de sus territorios ni cumplir con los compromisos suscritos no permitirán el ingreso de ninguna nueva operadora. “Le decimos al Perú y al Estado que ni una gota de petróleo saldrá de nuestros territorios si no cumplen”, aseguraron el pasado julio las comunidades kichwas en la frontera.
La situación es entonces más compleja y problemática que lo difundido por el gobierno, más aún, es un peligro real para la vida y el futuro de las comunidades indígenas que volverán a ser expuestas a la contaminación, la inseguridad alimentaria y la precariedad de servicios básicos, nuevamente en nombre del desarrollo del país.
(K. Rodriguez)
