- Señalan políticas discriminatorias por parte del Ejecutivo en la conformación del directorio del Plan de Cierre de Brechas.
708 comunidades indígenas de 25 distritos y 5 provincias de la región Loreto que serían beneficiadas con el Plan de Cierre de Brechas iniciarían medidas de lucha contra el gobierno del presidente Pedro Castillo ante lo que consideran un atropello hacia su participación en dicho proyecto.
Así lo manifestó el representante de la plataforma Pueblos Afectados por las Actividades Extractivas (PAAE), Ismael Pérez Petsa, quien explicó que el detonante de esta advertencia al Estado es la aparición de una propuesta normativa presentada ante el Congreso de la República con número 30897, Ley de promoción de la inversión y desarrollo del departamento de Loreto, que estaría excluyendo a los representantes indígenas del directorio del Plan de Cierre de Brechas.
Como se recuerda, el plan de Cierre de Brechas es una propuesta de las federaciones indígenas del circuito petrolero para implementar proyectos en servicios básicos y mejorar la calidad de vida de las poblaciones de la zona, todo esto con el financiamiento de un Fideicomiso indígena de 200 millones de soles durante 20 años que iniciaría el 2023.
Y es que el expediente propuesto por las federaciones establece un directorio con federaciones indígenas, municipalidades distritales y provinciales, contraloría y un representante de la PCM. Mientras que la propuesta reformulada por el Ejecutivo no incluye a municipios distritales ni organizaciones indígenas, quienes incluso son las autoras del proyecto
“Este gobierno se está pareciendo a los gobiernos anteriores en cuanto a políticas, porque nos están excluyendo. Estas nuevas medidas normativas para el financiamiento del Plan Cierre de Brechas para la población de las zonas de influencia petrolera son cada vez más discriminatorias y limitan la participación de los pueblos indígenas en el plan de desarrollo. Demuestra que el discurso del presidente es ajeno a sus acciones”, declaró Pérez Petsa.
El dirigente concluyó con que no brindarán un plazo al Estado porque consideran que la erradicación de la propuesta normativa debe ser inmediata, o, de lo contrario, se suspenderá la actividad petrolera en todos los lotes y estaciones del circuito petrolero. (A. Padilla)
