- Dirigente James Pérez advierte presuntas irregularidades en la gestión de recursos destinados al desarrollo de las comunidades y solicita priorizar proyectos productivos y fortalecimiento de las organizaciones indígenas.
El presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (AIDECOBAP), James Pérez, expresó su preocupación por la administración del Fondo Social 2.5, destinado a financiar proyectos de desarrollo en el distrito de Puinahua, provincia de Requena. El dirigente cuestionó la falta de avances en determinadas inversiones y advirtió sobre una posible concentración de facultades administrativas que limitaría la participación de las organizaciones indígenas.
Durante una entrevista, Pérez señaló que uno de los proyectos que genera preocupación es el servicio de conectividad mediante Internet para Todos, cuya inversión bordearía los 14 millones de soles. Según manifestó, ha transcurrido aproximadamente un año desde la contratación sin que las comunidades perciban avances significativos en su implementación.
El representante indígena explicó que el Fondo Social 2.5 fue establecido mediante una modificación contractual relacionada con la operación del Lote 95, con la finalidad de promover el desarrollo del distrito. Sin embargo, cuestionó que la presidencia y la Secretaría Técnica de su administración hayan solicitado mayores facultades para tomar decisiones sin convocar constantemente al comité consultivo.
Asimismo, recordó que inicialmente la presidencia transitoria estuvo a cargo de Perupetro durante aproximadamente dos años, periodo en el que, según indicó, se registraron dificultades para ejecutar proyectos. Posteriormente, las organizaciones respaldaron que la municipalidad asumiera esta responsabilidad, aunque actualmente consideran necesario evaluar su desempeño y evitar que el fondo sustituya las obligaciones presupuestales del gobierno local.
Pérez sostuvo que los recursos deberían destinarse principalmente a proyectos productivos que respondan a las necesidades de las comunidades indígenas, como agricultura, crianza de animales, pesca y turismo. Explicó que estas iniciativas permitirían fortalecer la seguridad alimentaria y generar oportunidades económicas sostenibles, respetando los planes de vida y las prioridades establecidas por las propias poblaciones.
El dirigente también cuestionó que durante los últimos dos años no se haya concretado una propuesta de fortalecimiento institucional para capacitar a líderes y comuneros. Según manifestó, las organizaciones solicitaron recursos para desarrollar capacidades de gestión y participación, pero sus planteamientos no fueron atendidos, situación que considera perjudicial para el aprovechamiento adecuado del fondo.
Por otro lado, expresó su preocupación ante la posibilidad de modificar el modelo de administración mediante una iniciativa legislativa. Asimismo, rechazó las acusaciones surgidas entre dirigentes indígenas sobre el presunto uso político de los recursos, y sostuvo que estas controversias se producen en un contexto de nuevas actividades petroleras previstas para enero, frente a las cuales las comunidades buscan garantizar sus derechos ambientales y territoriales.
Finalmente, James Pérez anunció que el próximo 9 de noviembre se desarrollará una reunión del comité consultivo y la junta de administración del Fondo Social 2.5, donde solicitarán revisar las facultades otorgadas a sus responsables y debatir la participación de las organizaciones indígenas. Reiteró que los recursos deben utilizarse con transparencia y responder a las verdaderas necesidades de las comunidades del Bajo Puinahua. (K. Rodriguez)
