La excelencia es un logro que nos falta alcanzar en todo orden de cosas, tanto como personas y como sociedad, para muestra el proyecto de ley que demoró en aprobarse 10 largos años y que esta semana el Congreso de la República le dijo sí por unanimidad a la idea de que los delitos contra la administración pública, no prescriban. Lo que es un paso importante en la lucha contra la corrupción.
Pero, el proyecto aprobado está a medias porque no precisa qué tipo de delitos no prescribirán. Se habla de la fórmula de imprescriptibilidad para los delitos más graves, pero no se ha detallado cuáles son. Y lo que se conoce es que esa lista de delitos tendrá que precisarse a través de un proyecto de ley, lo que obviamente tiene su etapa de elaboración y su trámite en el seno del parlamento nacional.
Sea como fuere, lo aprobado todavía quedará pendiente de implementación. Además, como se trata de modificar la Constitución Política del Perú, es necesario una segunda votación en la próxima legislatura 2017 – 2018. Queremos ser optimistas y pensar que todo seguirá su curso normal.
Sin embargo, en la presente legislatura no deja de sorprender que los políticos que antes se oponía a la norma, esta vez dieron el visto bueno a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Así, quienes fueron acusados por corruptela y se escondieron, puedan ser perseguidos penalmente y por un plazo indefinido.
Actualmente sucede que si alguien es denunciado por el delito de peculado (robo al Estado), y se esconde o está en calidad de no habido, de acuerdo a la ley vigente, el sistema judicial tiene un plazo de 20 años desde que se comete un delito para perseguirlo y sancionarlo. Con la norma aprobada no existe plazo, se entiende es de por vida. Nadie podrá decir el caso ya prescribió y quedé libre del proceso.
Sin embargo, como ya dijimos el proyecto necesita una segunda aprobación y esto podría darse recién en diciembre del presente año, para que luego pueda implementarse. Y lo que algunos analistas dejaron en claro, es que la bancada fujimorista mayoritaria del Congreso habría calculado que esta norma no es un riesgo para los delitos cometidos en los años 90, porque la ley no es retroactiva, no les afecta, y por tanto cedieron en votar a favor. Como siempre los intereses de grupo de por medio, antes que el interés nacional.
