Son más de doscientos años en que sucesivos gobiernos han podido trabajar en la mejora del Departamento de Loreto (desde 1821 en que se instauró nuestra República). Sin embargo, el centralismo gubernamental impone una ruta de desarrollo que desconoce los problemas reales de esta vasta región.
Al respecto, el presupuesto público en Loreto debería priorizarse en el cierre de brechas que vienen afectando gravemente aspectos esenciales del desarrollo humano, como son los problemas de salud de los niños de Loreto, quienes físicamente sufren retraso en su crecimiento; y, pero aún, la afectación en su desarrollo cognitivo de por vida a causa de la anemia (tasa al 58.1%).
Asimismo, con una incidencia de pobreza superior al 40%, este Departamento, se posiciona entre las cuatro regiones más pobres del país (al 2023) en informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) “Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2014 – 2023”.
Otras brechas igual de preocupantes en salud, educación y servicios básicos, perjudican a la población, y su incidencia es mayor en la zona rural. Básicamente, las comunidades más desfavorecidas socialmente están la frontera de Loreto, donde el Estado difícilmente llega por la dificultad del transporte, ya que no existen carreteras.
Por fuerza mayor, se toma la ruta fluvial, larga e insegura por los escasos y precarios puestos de vigilancia policial en los ríos. Mientras que, la vía aérea no es accesible para el ciudadano de a pie, en razón a su elevado costo, además de tener otros inconvenientes como su frecuencia ocasional y la restricción de carga. Precisamente, esta última desventaja impide el traslado oportuno de logística, equipamientos, insumos y demás bienes que el Estado moviliza en cualquier intervención. Como se ve, la incomunicación vial terrestre dificulta la intervención estatal en todos sus sectores y niveles perjudicando a las poblaciones más alejadas.
Esta brecha también se refleja en el incremento del narcotráfico. En informe de Inteligencia, para el 2023 se contabilizaron más de 60 mil hectáreas de sembríos de coca; que significan igual proporción de tierras deforestadas.
Por ello, las provincias fronterizas del Putumayo y Caballococha, centros de este negocio ilícito, cuentan con sucesivas declaratorias de emergencia. Sin embargo, los altos costos y tiempo para transportar la logística y armamento debido a la ya señalada falta de carreteras, impiden la ejecución permanente de operativos militares y policiales. De ahí que la lucha contra estos flagelos sea imposible; y ello repercute en el actual incremento de delitos por tráfico ilícito de drogas, criminalidad e inseguridad ciudadana.
Asimismo, la población en general sufre las condiciones de un sistema de salud, deficiente, insuficiente e incapaz de atender otro aspecto álgido como es la salud mental que, en los últimos años, viene reportando un incremento llamativo de suicidios.
PRIORIDAD DESVIRTUADA Y DESPILFARRO
Ante todos estos graves problemas, el gobierno central direcciona elevados presupuestos a un eje que no es prioritario para un país con altas tasas de pobreza y criminalidad. A saber, se emplean más de un millón de soles del tesoro público por cada campaña publicitaria del Ministerio de Cultura. Y, en un año, esta entidad puede ejecutar varias campañas.
Por citar sólo una de las tantas, el 2023, el Ministerio de Cultura gastó más de un millón de soles (S/ 1 010,000) en la “Campaña publicitaria para disminuir el racismo y la discriminación étnico – racial en el marco de la Estrategia ‘Perú sin Racismo’.
Luego, entre una y otra región, se entrega mayor cantidad de materiales publicitarios, como es el caso de Loreto para posicionar la realidad de los “No Contactados”, que viene a ser otra campaña. Al mismo tiempo, son noticiadas las varias visitas de comisión de la Ministra de Cultura y de diversos funcionarios de Lima, que cuestan miles de soles, además de lo utilizado para su estrategia publicitaria específica que, básicamente, se trata de folletería y videos. Comparativamente, la región sangra por un cáncer y se invierte en el tratamiento de un acné.
El Ministerio de Cultura, sustentando la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), busca oficializar la creación de Reservas Indígenas en Loreto. Con ello, se genera que toda actuación del Estado vinculada al impulso económico u obras viales, no se ejecuten si no es bajo una serie de procesos con decisión de los pueblos indígenas. Ello, llevaría a demorar aun más toda intervención del Estado que, de por sí, ya cuenta con otros tantos procedimientos burocráticos que, a la fecha, siguen retrasando el desarrollo en esta región.
No se explica crear otra barrera al amparo de una supuesta defensa a “los usos y costumbres de los habitantes indígenas”, cuando de por medio hay derechos fundamentales de estos pueblos y de un grueso de la población que están afectados por la incomunicación vial y digital existente. Donde el 70% de loretanos viven de una economía informal, (con lo que obtienen del día sin saber si mañana tendrán algún ingreso); donde los niños, con mayor incidencia en los pueblos indígenas y zona rural, sufren desnutrición, anemia, enfermedades diarreicas; donde los pobladores de las zonas más alejadas deben estar al borde de la muerte para que se les traslade por vuelo hasta un hospital en Iquitos, porque de hacerlo por la ruta fluvial no llegarían a tiempo para ser atendidos. En resumen, aspectos de necesidad pública.
Pese a todo ello, el Estado, a través de su sector Cultura, que por la naturaleza de sus competencias no puede contribuyen a la resolución de estos graves problemas sociales, sigue direccionando el gasto público en estrategias publicitarias y viajes de comisión sobre “no contactados”, en consonancia con la supuesta desinteresada labor de ONG’s, cuyos financiadores ni siquiera conocen las álgidas necesidades básicas desatendidas en Loreto. Mas las implicancias del discurso PIACI traspasan el aspecto cultural y generan mayores barreras para solucionar la situación de práctico abandono de la región Loreto, aislada de la dinámica de desarrollo nacional, incomunicada vial y digitalmente, una de las más pobres del Perú y que ostenta los precios más altos de sus productos de la canasta básica y electricidad, lo que conlleva a las familias a una alimentación inadecuada, y otros problemas. M. La Torre
¿Protección a “No Contactados” o Desatención a los Más Vulnerables?
