Prorrogan nuevamente estado de emergencia en dos provincias de Loreto

  • Medida regirá por 60 días de El Putumayo y Mariscal Ramón Castilla

Una vez más, se prorrogó el estado de emergencia en las provincias loretanas de el Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, que comparten frontera con los países de Colombia y Brasil, debido a la situación de inseguridad por hechos delictivos que se presentan territorio nacional de la selva baja.
A través del decreto supremo N° 057-2024-PCM, el gobierno nacional estableció que esta medida regirá por un plazo de 60 días a partir del próximo 12 de junio, por lo que la norma contempla que “la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”.
Asimismo, los decretos Nº 058-2024-PCM y Nº 059-2024-PCM señalan que la prórroga tendrá una duración de 30 días calendario a partir del 13 de junio, que establece estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Pataz en la region de La Libertad.
Todos los decretos llevan la firma de la presidenta de la República Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén, el ministro de Defensa Walter Atudillo, el ministro del Interior Juan José Santivañez y el ministro de Justicia Eduardo Arana.
En una conferencia de prensa el primer ministro Gustavo Adrianzén precisó que en la zona del Putumayo se ha observado la presencia y actividad de bandas criminales, así como en la triple frontera con Ecuador y Colombia. Agregó que se presenta esta misma situación en las fronteras individuales con ambos países debido a la minería ilegal y tráfico ilícito de drogas, respectivamente.
“En la zona del Putumayo, donde recién empezamos a ver los primeros brotes de estos actos de criminalidad, debemos tener una presencia más firme de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esta es una prórroga por 60 días, que iniciará a partir del 12 de junio”, detalló el jefe del Gabinete.
La emergencia en ambas provincias loretanas se encuentra vigente desde el año pasado, debido a la intervención de las autoridades y representantes de organizaciones de las zonas, quienes denunciaron la presencia de crimen organizado y narcoterrorismo. (K. Rodriguez)