No callan nada. Para la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) existe una serie de observaciones respecto a la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas u Originarios (cuyo plazo de promulgación vence hoy 22 de junio), este mismo fue enviado a la Presidencia del Consejo de Ministros así como al Ministerio de Energía y Minas, a quienes exigen una profunda investigación .
Mario Palacios, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), afirmó que el gobierno «pretende enfriar la firma de la ley a fin de que la legislatura actual termine y resuelva en la próxima».
Tanto el Ministerio de Energía y Minas como el de Economía opinan que la ley otorga a los pueblos originarios el derecho a vetar cualquier proyecto de inversión que se desee instalar alrededor de sus comunidades.
Asimismo, se supo que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) «no amerita tal función». Fuentes ligadas al Ejecutivo afirman que al eliminarse la expresión «derecho a veto» y adicionarse el término «consentimiento» se da a entender que «sin éste no habrá luz verde a nada y eso debe ser modificado», indicó Expreso.
Por otro lado, trascendió que el Ministerio del Ambiente (Minam) está a favor de la aprobación de la norma para evitar cualquier afectación hacia la flora y fauna por los grandes proyectos que desean «acampar» sobre todo en la Amazonía. (MIP)
