- Cristian Pinasco, del Colegio de Ingenieros de Loreto.
- “Los peruanos podemos decidir sobre nuestra naturaleza, destino y nuestro desarrollo”.
- Los temas ambientales lo resolvería un Tribunal Internacional, quedando relegada la ley nacional.
El Acuerdo de Escazú que nació para los países de América Latina y el Caribe, para mejorar el acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales, a la par que establecerá mecanismos para la protección de los defensores ambientales amenazados; suena inofensivo, pero parece que trae gato encerrado.
Nuestro país lo firmó el año 2018, pero falta la ratificación en el Congreso de la República, previo debate, el mismo que estaría dándose en el mes de agosto próximo, por lo que diversas entidades públicas, privadas, gremios y organizaciones políticas de Loreto se han reunido para analizar este tema y establecer una postura.
En la reunión que se realizó ayer en el auditorio del gobierno regional de Loreto, el representante del Colegio de Ingenieros de Loreto, Cristian Pinasco, se refirió a la postura de su gremio profesional.
“La postura del Colegio de Ingenieros es de total rechazo al acuerdo de Escazú, porque estaría frustrando nuestro desarrollo, en vista que el Perú ya tiene una serie de tratativas a las normas ambientales. Además, existen una serie de adecuaciones para conservar el medio ambiente, por ejemplo, la creación de juzgados ambientales, la ley de acceso a la información pública, la ley de consulta previa y otros”.
Explicó que nuestra reglamentación peruana desde hace más de 20 años se ha venido implementando a beneficio de la conservación ambiental. “Así que nosotros no consideramos necesario ningún acuerdo internacional que nos imponga que deleguemos nuestra decisión a tribunales internacionales, cuando los peruanos podemos decidir sobre nuestra naturaleza, sobre nuestro destino y sobre nuestro desarrollo”.
Pinasco precisó que “la ley ambiental estaría por debajo de un acuerdo y todos sabemos que los tratados internacionales se superponen a cualquier normativa nacional, entonces sería de obligatorio cumplimiento en caso de ratificarse Escazú, ya no serían los tribunales peruanos los que decidieran sobre nuestro destino ambiental, sino un tribunal internacional”.
(Diana López M.)
