Postergan uso de cascos

Antes del cierre de nuestra edición en horas de la noche de ayer nos llegó el comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, respecto a las últimas disposiciones sobre el uso de cascos y chalecos por parte de los conductores de motos.
Se señala en el comunicado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó la Resolución Directoral N° 0012-2025-MTC/18 que, entre otras disposiciones, permite precisar que el alcance del uso del chaleco se limita a Lima y Callao.
La disposición fue adoptada con la finalidad de tomar en consideración las necesidades particulares de cada región del país y al mismo tiempo brindar un plazo oportuno para la adecuación de las especificaciones por parte de los ciudadanos.
En ese sentido, las sanciones por su incumplimiento empezarán a aplicarse dentro de 60 días calendario: para los cascos de seguridad, a nivel nacional, mientras que, para los chalecos, solo en Lima y Callao.
Durante este periodo no se aplicarán sanciones, mientras se difunde el marco normativo y se evalúa su impacto. El MTC reafirma su compromiso con una regulación orientada a proteger la vida de todos los usuarios en las vías.
En buena hora que se ha tomado el tiempo prudencial de dialogar y analizar sobre la realidad en cada región del país, aunque luego de causar mucha tensión, desde el centralismo de Transportes y Comunicaciones han entendido por fin que los tratamientos deben ser diferenciados.
Además, del análisis de los expertos respecto a la efectividad de este tipo de medidas, cuando el sentido común nos dice que una de las prioridades es el trabajo de inteligencia para desarticular las bandas criminales que operan “libres”, como si no hubiera estrategias, tecnología, policías y militares altamente capacitados.
Eso es sorprendente, que no puedan acertar. Aunque estas acciones pasan por decisiones políticas de los gobernantes de turno, un tema de política de Estado para combatir y vencer la delincuencia, y apuntar a la resocialización de quienes equivocaron su camino. La república de El Salvador y su actual gobierno son una muestra de que sí es posible, así como en otros países cuyo registro de criminalidad es bajo.