Doctor César San Martín, de otro lado, plantea que informes de inteligencia financiera sean considerados una pericia institucional para mejorar lucha contra lavado de activos.
El presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín, informó que hoy oficializará ante el Congreso de la República, las solicitudes de levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los congresistas Amado Romero Rodríguez y María López Córdova.
Dijo que en las últimas horas se cumplió con el proceso de notificación de los respectivos informes de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema de Justicia.
Así lo declaró durante su intervención en la undécima reunión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), realizada en la sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima con la participación de los titulares y los coordinadores de las diferentes instituciones que conforman dicho grupo de trabajo.
Rango de ley a CAN
En otra parte de la reunión, los congresistas José Urquizo y Modesto Julca, se pronunciaron a favor de acumular sus propuestas legislativas al proyecto presentado por el Poder Judicial el mes de agosto del año pasado para crear con rango de ley a la CAN.
Urquizo expresó que en el marco de la descentralización del país, es necesario que se reconozca y valide las experiencias de la lucha anticorrupción regional, mientras que el parlamentario Modesto Julca consideró que los acuerdos que se adopten en el seno de la CAN deber ser vinculantes, es decir, de cumplimiento obligatorio por parte de las instituciones.
En ese sentido, se acordó conformar un grupo de trabajo que se encargue de integrar estos proyectos de ley.
Se informó asimismo que la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República ya emitió un dictamen respecto al proyecto presentado por el Poder Judicial.
Lavado de activos
El doctor San Martín Castro, de otro lado, respecto a las aseveraciones que no existen condenas por el delito de lavado de activos, expresó que esta situación se origina desde la misma ley de creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En ese sentido, manifestó que los informes de inteligencia de la UIF deben ser considerados como una pericia institucional.
Indicó que actualmente tales informes son reservados, y por ello no pueden identificar a quienes los realizan. «Desde el punto de vista legal ese informe no vale absolutamente nada, es un papel que no puede ser invocado desde el derecho probatorio», remarcó.
Un juez – añadió – no puede condenar ni apreciar una evidencia, si no se sujeta al contradictorio (debate en juicio). «Que dé la cara quien hace ese informe, que salga a juicio, ese es el principio de un proceso moderno, y si eso no se hace, no va a prosperar nada en sede judicial», acotó. (WGN)
