-Fue elaborada con aportes de jueces
-Presidente del PJ afirma que norma permite al juez aplicar penas más equitativas
El presidente del Poder Judicial, doctor Enrique Mendoza Ramírez, destacó la promulgación de la Ley Nº 30076 que modifica el sistema de sanciones penales vinculado con la determinación judicial de la pena, la aplicación de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad de corta o mediana duración, la pena de inhabilitación y, en materia procesal, modificaciones a la confesión sincera y a la prisión preventiva, entre otros.
La autoridad judicial manifestó que esta Ley acoge la iniciativa legislativa presentada por el Poder Judicial el 23 de octubre de 2012 en materia de seguridad ciudadana (Proyecto de Ley Nº 1627-2012) que fue elaborada en base a las experiencias de los propios jueces, quienes en su quehacer jurisdiccional observaron las deficiencias de las normas penales y procesales penales y plantearon sus mejoras.
Indicó que esta norma modifica diversos artículos del Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal, Código de los Niños y Adolescentes.
«Todas son medidas necesarias, (…) esta ley permite al juez aplicar penas más equitativas, más igualitarias, porque ocurría que por una serie de resquicios y deficiencias, el juez de un determinado lugar aplicaba 15 años y por el mismo hecho en otro lugar ocho años, esto no es posible, daba una sensación de inequidad y asimetría inaceptable», acotó.
Refirió que los jueces de todo el país hicieron aportes a esta ley, «lo que ha permitido sacar una ley que viene de la realidad y no del escritorio hacia afuera», remarcó.
Resaltó que esta ley ordena los procedimientos, «ese es el mérito que tiene, un ordenamiento del procedimiento no sólo en el procesamiento del delito, sino en la aplicación de las penas», subrayó.
Ley 30077
De otro lado, la autoridad judicial manifestó que la otra norma promulgada, Ley Nº 30077 (Ley Contra el Crimen Organizado) requiere de ajustes porque, de alguna manera, modifica las competencias de la Sala Penal Nacional.
«Ahora no basta que cualquier delito o fechoría sea cometido por una banda o grupo organizado sin interesar si es un hecho leve, una lesión muy grave o gravísima para que pase a Lima», remarcó.
Dijo que de mantenerse esta situación, se producirá un embotellamiento de procesos con una carga procesal imposible de soportar con los órganos jurisdiccionales de la Sala Penal Nacional que ven asuntos complejos, muy graves o que tienen repercusión nacional.
Indicó que el Poder Judicial no cuenta con presupuesto e infraestructura necesaria para afrontar esta carga procesal, por lo que pedirá al Ejecutivo no sólo un presupuesto adicional, sino el reajuste de algunas normas. (WGN)
