- Entre enero de 2015 y junio de este año
- Entre los delitos que cuentan con mayor cantidad de sentencias figuran cohecho activo, peculado y colusión
El Poder Judicial, a través de sus diferentes órganos jurisdiccionales en el país, condenó a 2,723 funcionarios y servidores públicos por delitos contra la administración pública, entre enero de 2015 y junio de este año, lo que constituye una muestra de su firme compromiso para coadyuvar en la lucha frontal contra la corrupción.
De acuerdo con el Registro Nacional de Condenas de esta institución, el año pasado los jueces sancionaron, de manera oportuna y eficaz, a 1,836 involucrados en actos de corrupción, mientras que de enero a junio de 2016 hicieron lo propio con otros 887.
El grueso de condenas impuestas en año y medio corresponde al delito de cohecho activo (966), por el cual se ha penado a quienes entregaron prebendas a funcionarios o servidores a cambio de la violación u omisión de sus funciones, y peculado (829), mediante el cual se sancionó a autoridades que se apropiaron de dinero o efectos confiados a su cargo.
Entre otros delitos que comprenden a un considerable número de sentenciados figuran colusión (222), ilícito por el que se castigó a quienes defraudaron al Estado en las adquisiciones o contrataciones, y aprovechamiento indebido de cargo (153) por usar su función de manera irregular en su beneficio o de terceros.
Igualmente, se sancionó a exalcaldes, exgobernadores, exmagistrados y altas autoridades por cohecho pasivo propio (75), abuso de autoridad (71) y peculado por uso (65), entre otros delitos.
En cuanto a los distritos judiciales que registran mayor incidencia de condenas, se encuentran Lima, Lima Norte y Lima Sur, con 493, 429 y 375 sentencias, respectivamente. En tanto, en la Sala Penal Nacional se vienen tramitando casos emblemáticos que involucran a altos funcionarios del Estado, como son los exgobernadores regionales de Áncash, Tumbes, Cajamarca y Pasco.
De esta manera, el Poder Judicial, presidido por el doctor Víctor Ticona Postigo, viene imponiendo severas sanciones a quienes incurren en delitos de corrupción, respetando el debido proceso y el derecho de las partes.
