Plazo caducado

Al promulgarse el DU N°126-2020 la norma precisaba la dinamización del territorio petrolero afectado por el COVID-19, y el único lote en producción de la empresa PetroTal (Lote 95) que hasta el día 27 de octubre acumuló una producción de 1 millones 725 mil 343 barriles con un valor de aproximadamente US$6 millones y es el único aportante al canon petrolero en Loreto, amenazado ahora por los conflictos indígenas.
Este lote tuvo interrupciones por efecto de la pandemia en los meses de mayo y junio, y en los meses de agosto y setiembre por las protestas sociales con lamentables sucesos de pérdidas humanas, aun así, tuvo su rendimiento importante para nuestra realidad.
Mientras preocupa el compromiso del gobierno nacional de cumplir con los plazos y que ya están caducando, demandas puntuales asumidas en su oportunidad para levantar el estado de inmovilidad de la actividad petrolera en la zona de Puinahua.
Y es precisamente en esa zona petrolera que el decreto de urgencia no asigna ningún proyecto de saneamiento, ni Trabaja Perú, ni otro que se encuentra contemplado en la disposición legal referida, a sabiendas que tiene compromisos e identificado en el PCB con servicios básicos que aún falta coberturar.
Esto desdice al Ministerio de Energía y Minas que tiene la voluntad de reactivar la actividad de hidrocarburos, en particular de Loreto, y que se metió y encabeza la delegación del Gobierno Nacional para levantar la conflictividad en el territorio de Loreto, cuyos esfuerzos se ven poco efectivos.
Un proyecto para Loreto señalado en el Decreto de Urgencia, es el mejoramiento de la carretera Saramiriza – Borja de 15.750 km con una inversión de S/58 millones 243 mil para un horizonte de trabajo hasta el 2022, entre otros más.
Este presupuesto que ya se viene ejecutando en este año fiscal 2020, ejecutándose gastos por S/83 mil de los S/383 asignado, acumulando a la fecha un devengado /1 millón 200 mil. Es un proyecto antiguo.
Así el panorama de protesta el Decreto de Urgencia va mantener la conflictividad en el sector Puinahua al no realizar ninguna intervención pública en este año dentro del marco del PCB/PCM, este será el primero y ultima norma legal que se dispone para transferir fondos al circuito petrolero afectados por la actividad extractiva.