Así como los clérigos, abogados y médicos tienen la obligación de guardar «inpectore» toda revelación hecha confidencialmente por quienes acuden a ellos en procura de un consejo que permita solucionar sus problemas, los periodistas también tenemos la obligación sagrada de preservar la confidencialidad de nuestras fuentes y más aún si las mismas requieren por su contenido la más absoluta reserva.
Todos los tribunales del mundo democrático, asumen como obligación, el respeto al secreto profesional, de allí que concitó especial preocupación en el ámbito periodístico nacional, la iniciativa presentada por un congresista de la república, integrante de una comisión ad hoc, para que el fiscal que investigaba un acto de interceptación telefónica, denunciada por dos conocidos periodistas, obligara a dichos hombres de prensa, a revelar los nombres de quienes les habían proporcionado tal información.
Ante semejante acto de violación de un principio fundamental en el derecho no sólo peruano, sino mundial, el periodismo en general levantó su voz de protesta; y el Consejo de la Prensa Peruana hizo sentir el peso del artículo 2 inciso 18 de la carta magna vigente que establece sin taxativas, el derecho a guardar el secreto profesional, como uno de los elementos fundamentales para que el periodista su función fiscalizadora e informativa con libertad y credibilidad, preservando así la confidencialidad y preservación de la integridad de las fuentes de información que desean conservar el anonimato.
Como referente de mayor fuerza, exponemos la parte del principio de la declaración de Chapultepec que establece en su artículo tercero, que no podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información. Debe precisarse que todos los líderes representados en dicho congreso, suscribieron tal declaración, obligándose tácitamente a respetarla.
Debemos reiterar que en el Perú prima una democracia respetuosa de la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar debidamente informado, de allí que sorprenda el que una entidad periodística nacional, haya optado por cesar a varios periodistas, con el manido argumento de no respetar la línea editorial del medio, acto manifiesto en la negativa de tales periodistas de promocionar la candidatura de una postulante a la presidencia de la república el próximo 5 de junio del presente año.
Que la decisión de la gerencia ha sido un atropello incalificable y una falta punible a la libertad de expresión, es una verdad de Perogrullo que motivó las más acres censuras contra los autores del hecho; sin embargo, h asta donde conocemos el tema, ni los periodistas han sido repuestos en sus cargos, ni las entidades que dicen defender a los periodistas, han movido un solo dedo para que a tal empresa se le aplique una sanción correctiva ¿será que la citada entidad periodística es socia del Consejo de la Prensa Peruana o del YPIS? Lo averiguaremos.
