Paro de 72 horas

El anuncio de un paro regional de 72 horas, convocado para los días 16, 17 y 18 de setiembre por la CGTP Loreto, vuelve a poner sobre la mesa una realidad que no puede seguir siendo ignorada: nuestra región enfrenta problemas estructurales que requieren respuestas urgentes del Gobierno Central. El alto costo del combustible, la minería ilegal, la contaminación ambiental y la crisis energética son demandas legítimas que afectan directamente el desarrollo y el bienestar de miles de loretanos.
Loreto tiene razones para reclamar. Durante años, las promesas gubernamentales han quedado muchas veces en discursos, mientras las comunidades continúan enfrentando abandono, contaminación y limitaciones que frenan sus actividades económicas. La exigencia de una comisión multisectorial de alto nivel, con capacidad de decisión y presencia en Iquitos, merece ser atendida con seriedad. El centralismo no puede seguir tratando a la Amazonía como una región secundaria.
Sin embargo, la defensa de los derechos del pueblo también debe considerar la realidad de quienes viven de sus ingresos diarios. Para un comerciante ambulante, un mototaxista, un trabajador independiente o una familia que depende de las ventas de cada jornada, tres días sin trabajar pueden significar la pérdida de recursos indispensables para comprar alimentos, pagar el alquiler o atender las necesidades de sus hijos. No todos pueden darse el lujo de paralizar sus actividades sin sufrir consecuencias económicas.
Por eso, la protesta debe desarrollarse dentro del respeto a la libertad de cada ciudadano. Quienes consideran necesario acatar el paro tienen derecho a expresar sus demandas, organizarse y movilizarse pacíficamente. Pero quienes decidan trabajar, atender sus negocios o continuar con sus actividades también deben ser respetados. Nadie puede ser obligado mediante amenazas, agresiones, bloqueos arbitrarios o actos de violencia a participar en una medida de lucha.
La CGTP y las organizaciones que respaldan esta jornada tienen la responsabilidad de demostrar que sus reclamos pueden defenderse con firmeza, pero también con madurez democrática. Una protesta legítima pierde autoridad cuando se convierte en imposición, afecta a quienes menos tienen o termina enfrentando a los propios loretanos. La unidad regional no se construye obligando a todos a pensar igual, sino reconociendo que existen distintas formas de defender el bienestar colectivo.
Desde esta casa editorial consideramos que Loreto debe ser escuchado y sus demandas atendidas, pero también debe preservar la paz social y el respeto entre ciudadanos. El Gobierno Central tiene la obligación de responder con hechos y no con indiferencia; los dirigentes, de conducir la protesta con responsabilidad; y la población, de actuar con tolerancia. La defensa de Loreto será más fuerte cuando incluya a todos: a quienes protestan, a quienes trabajan y, especialmente, a quienes cada día luchan por llevar el sustento a sus hogares.