La democracia nos plantea que las autoridades tienen obligaciones y deberes. También se entiende que la ciudadanía responde a obligaciones, deberes y derechos incluidos. Sin embargo, cuando la autoridad en general advierte sobre peligros que atentan contra la vida y esto promovido por quienes dicen buscar un derecho, sin importar si ese propósito pone en riesgo la vida de indefensos como los niños y para el colmo de la realidad, son sus propios hijos, la palabra de la autoridad no se toma en cuenta. Ni siquiera teniendo una alternativa más apropiada se niegan a acatar el exhorto de la autoridad.
Sucede en el tema de las zonas inundables, donde los riesgos de afectar a la integridad física en la época de creciente es altísima por posibles ahogamientos, electrocución, contaminación con aguas de desagües y las enfermedades respiratorias que origina la altísima humedad, etc. Pero la alerta de la autoridad pasa por un saco roto. Y mucha gente todavía ocupa esos terrenos inundables, y tampoco acatan las sugerencias del tipo de construcción apropiada, como altillos para que las aguas no los sobrepasen.
Sucede en el tema de la fumigación para prevenir la enfermedad del Dengue. Hay gente, ciudadanos que simplemente no les da la gana de que fumiguen su vivienda, bajo variados argumentos. Pero es un mandato de las autoridades que velan por la salud. En ese escenario estamos frente a una forma de gobierno donde el ciudadano falta a su obligación de acatar las medidas de prevención que viene con la palabra de autoridad. ¿Autoridad? ¿Dónde estás? En otras naciones las normas se cumplen, y si no, se aplican las medidas legales permitidas.
Ahora sucedió en Nauta. Ayer muchas familias con hijos menores podrían haber quedado sepultadas bajo la tierra del «Cerro» que se deslizó sin piedad hacia sus viviendas. Fueron advertidos cuando se ubicaron en el terreno, pero también ciertos «dirigentes políticos los apoyaron con la protesta» para que se sigan quedando en el lugar. La palabra de la autoridad cayó en saco vacío. Una vez más la Fiscalía y la Policía de Nauta evalúan aplicar un mecanismo para que las familias del «Cerro» de la 28 de Julio, sean reubicadas a un lugar más seguro.
