• Advirtieron que el uso de juegos pirotécnicos incrementó el riesgo de incendios, lesiones graves y afectaciones a la salud pública durante Navidad y Año Nuevo.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Loreto, Juan Zumba, exhortó a la población a evitar el uso de juegos pirotécnicos durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, al advertir que estos artefactos representaron un alto riesgo para la seguridad de las familias y la salud pública en general.

Zumba recordó que la venta y utilización de pirotecnia se encontraba estrictamente regulada por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), entidad que solo autorizaba su comercialización en espacios certificados y bajo protocolos específicos de seguridad.

No obstante, señaló que en la práctica estos productos continuaron expendiéndose de manera informal en diferentes puntos de la ciudad, sin ningún tipo de control, lo que incrementó considerablemente el riesgo de accidentes, quemaduras e incendios en viviendas, especialmente en zonas con construcciones de material combustible.

El oficial explicó que los juegos pirotécnicos eran altamente inflamables, tóxicos y explosivos, y que su manipulación inadecuada podía generar lesiones de gravedad, sobre todo en niños y adolescentes. Recordó tragedias ocurridas en el país, como el incendio de Mesa Redonda, y advirtió que incluso productos considerados “inofensivos”, como las luces de bengala, habían provocado siniestros en viviendas de la región.

Asimismo, indicó que durante el mes de diciembre se registró un aumento de amagos de incendio vinculados a la sobrecarga de enchufes, el deterioro de las instalaciones eléctricas y el uso simultáneo de pirotecnia, combinación que elevó el nivel de peligro en los hogares.

En ese contexto, el comandante pidió a los padres de familia asumir un rol responsable y preventivo, evitando que los menores tengan acceso a estos artefactos y supervisando permanentemente las actividades que se desarrollan dentro y fuera de las viviendas durante las celebraciones.

Juan Zumba también alertó sobre los efectos negativos del uso de pirotecnia en adultos mayores, personas con trastornos del espectro autista y mascotas, quienes sufren severas alteraciones por el ruido excesivo y la exposición a sustancias químicas que contaminan el aire y afectan las vías respiratorias.

Finalmente, el comandante reiteró que la principal medida de prevención era no utilizar pirotecnia y optar por celebraciones responsables en familia, remarcando que la Navidad debía vivirse como una fiesta de paz y unión. “Decir no a la pirotecnia es una forma concreta de proteger la vida y evitar tragedias que se pueden prevenir”, puntualizó. (K. Rodriguez)

• Joven de 30 años quedó gravemente herido y requiere cirugía urgente que no es cubierta por el SIS.

Momentos de profunda angustia vivió el señor Henry López Amaringo, luego de enterarse del grave suceso que padeció su hijo Jimmy López, de 30 años de edad, quien el último fin de semana resultó brutalmente herido tras una pelea ocurrida en el caserío San Andrés.

Según relató el padre, su hijo regresaba de jugar fútbol cuando uno de sus amigos fue agredido verbalmente por otras personas, lo que provocó que la situación se descontrole rápidamente y derive en una pelea entre ambos grupos.

De acuerdo con el testimonio, durante el enfrentamiento se utilizaron botellas de vidrio como objetos de agresión. En un video que circula sobre el hecho, se observa cómo varias botellas fueron lanzadas por los aires, una de las cuales impactó directamente en el rostro de Jimmy López.

El fuerte golpe hizo que el joven pierda la orientación y caiga al agua, siendo auxiliado por sus amigos, quienes lo trasladaron de emergencia hasta el Hospital de Apoyo Iquitos. Sin embargo, al momento de su ingreso, se habría indicado que se trataba de un accidente de tránsito.

Esta versión inicial provocó que el Seguro Integral de Salud (SIS) no cubra los gastos médicos que viene requiriendo el paciente, situación que ha complicado aún más la atención y el acceso a medicamentos indispensables para su recuperación.

El señor Henry López explicó que el médico tratante le informó que su hijo se encuentra en riesgo inminente de perder la vista del ojo derecho, debido a la gravedad de la lesión ocasionada por el impacto de la botella.

Asimismo, indicó que Jimmy necesita una intervención quirúrgica urgente, cuyo costo bordea los 15 mil soles, monto que la familia no puede asumir por sus propios medios, agravando su situación económica y emocional.

Ante este panorama, el padre hizo un llamado desesperado a las autoridades de salud para que se pueda revisar el caso y activar el SIS, a fin de que se cubran al menos los medicamentos y parte del tratamiento, con la esperanza de salvar la visión de su hijo. (K. Rodriguez)

• Los delincuentes lograron apoderarse de un celular de alta gama y aproximadamente 500 soles.

La inseguridad ciudadana continúa desbordándose en Iquitos. Cámaras de videovigilancia registraron un nuevo y violento asalto a un grifo ubicado en la avenida Circunvalación, distrito de Punchana, donde delincuentes armados atacaron sin contemplaciones a un trabajador y escaparon impunemente en menos de un minuto.

Las imágenes muestran cómo tres sujetos llegaron al servicentro a bordo de un mototaxi. En cuestión de segundos, dos de ellos descendieron y se abalanzaron directamente contra el trabajador, quien se encontraba sentado. Sin advertencia alguna, fue arrojado al suelo, golpeado brutalmente y encañonado con un arma de fuego, en una escena que refleja la total ausencia de control y vigilancia en la zona.

Bajo amenazas, los delincuentes lograron apoderarse de un teléfono celular de alta gama y aproximadamente 500 soles en efectivo, monto correspondiente a la venta diaria de combustible. Todo el atraco se ejecutó en apenas 43 segundos, tiempo suficiente para cometer el delito, pero insuficiente para que aparezca algún efectivo policial.

Tras consumar el robo, los hampones huyeron tranquilamente en el mismo mototaxi con rumbo desconocido, sin que nadie pudiera intervenir o alertar a tiempo a las autoridades.

Este grifo no es un caso aislado. Vecinos y trabajadores denuncian que el local ha sido asaltado en reiteradas ocasiones, especialmente durante la madrugada, cuando la presencia policial es mínima o inexistente. La situación se agrava en estas fechas, donde el movimiento económico por Navidad y Año Nuevo convierte a grifos, comercios y negocios en blancos frecuentes del hampa.

De acuerdo con registros locales, este sería el primer asalto a un grifo en diciembre en Iquitos; sin embargo, en lo que va del año al menos 20 servicentros han sido asaltados en distintos puntos de la ciudad, sin que hasta ahora se haya informado sobre la captura de alguno de los responsables.

La población cuestiona duramente la falta de patrullaje preventivo y la escasa estrategia de seguridad frente a una delincuencia que actúa con total impunidad. Mientras las autoridades guardan silencio, los robos y asaltos continúan sembrando miedo entre trabajadores y ciudadanos que solo buscan ganarse la vida en medio de un clima de creciente inseguridad.

(C. Ampuero)

• Contra alto mando policial.

La Inspectoría de la Policía Nacional del Perú en Iquitos ha dispuesto la reactivación de una investigación disciplinaria contra el suboficial técnico de primera PNP Javier Beltrán Tello Perea, actual jefe del Departamento de Investigación Contra el Crimen Organizado (DEPINCCO), tras la reciente difusión pública de un caso que había sido previamente archivado sin sanción.

De acuerdo con información confirmada, la Oficina de Disciplina de la Inspectoría retomó formalmente el procedimiento ayer miércoles 17 de diciembre, a fin de evaluar presuntas faltas graves vinculadas a un episodio de violencia y a una serie de irregularidades administrativas ocurridas durante la atención del caso.

Los hechos investigados se remontan al 8 de febrero de 2025, cuando Francinety Rivera Do Vale y Thayane Soely Vásquez Rivera denunciaron haber sido víctimas de agresión física y psicológica en su vivienda ubicada en la calle Borja Nº 423, en el distrito de Punchana. Pese a que se habrían presentado elementos probatorios, el proceso fue archivado en una etapa temprana, sin que se aplicara medida disciplinaria alguna.

Esta decisión inicial es ahora cuestionada por presuntamente vulnerar lo establecido en la Ley Nº 30714, que regula el régimen disciplinario de la PNP, al no haberse garantizado un procedimiento objetivo ni exhaustivo.

El 29 de octubre de 2025, el abogado Mauro Antenor Alarcón Vásquez, en representación legal de las víctimas, presentó una nueva denuncia administrativa. Además de Beltrán Tello Perea, el recurso alcanza al comisario de Punchana, comandante PNP Marco Antonio Rodríguez Vargas, así como a los suboficiales Frankly Montes Díaz, Fátima Cibla Pinedo y Patrick Mendoza Díaz.

Según el escrito, los efectivos policiales se habrían negado inicialmente a recepcionar la denuncia, calificando el hecho como un “conflicto familiar”, sin proceder a su registro formal ni activar los protocolos correspondientes para casos de presunta violencia.

La denuncia también señala que, el 9 de febrero, un día después de los hechos, el suboficial de segunda Romeo Trigoso Lozano habría acudido al domicilio de la denunciante para persuadirla de retirar su declaración, advirtiéndole que podría ser detenida por 24 horas si insistía en continuar con el proceso, conducta que podría configurar actos de intimidación y hostigamiento.

Asimismo, se cuestiona la actuación del suboficial Raúl Flores Gatica, quien fue designado para recoger una manifestación complementaria. Pese a la presencia de una representante del Ministerio Público, dicha diligencia no habría quedado registrada por escrito, y posteriormente no figuró en el expediente remitido a la Inspectoría, lo que genera sospechas sobre una posible pérdida o alteración de documentación oficial.

Las víctimas sostienen que durante cerca de diez meses han enfrentado una serie de obstáculos institucionales que derivaron en revictimización y vulneración de sus derechos fundamentales. También advierten una presunta relación de respaldo entre efectivos de la comisaría de Punchana y el denunciado, lo que —según alegan— habría afectado la imparcialidad del proceso y retrasado su avance hacia instancias superiores.

Con la reapertura del caso, se espera que la Inspectoría PNP realice una evaluación integral de las actuaciones policiales y determine eventuales responsabilidades administrativas, en un proceso que ha generado atención pública por la gravedad de las imputaciones y la jerarquía del funcionario involucrado.

 (C. Ampuero)