- Contra alto mando policial.
La Inspectoría de la Policía Nacional del Perú en Iquitos ha dispuesto la reactivación de una investigación disciplinaria contra el suboficial técnico de primera PNP Javier Beltrán Tello Perea, actual jefe del Departamento de Investigación Contra el Crimen Organizado (DEPINCCO), tras la reciente difusión pública de un caso que había sido previamente archivado sin sanción.
De acuerdo con información confirmada, la Oficina de Disciplina de la Inspectoría retomó formalmente el procedimiento ayer miércoles 17 de diciembre, a fin de evaluar presuntas faltas graves vinculadas a un episodio de violencia y a una serie de irregularidades administrativas ocurridas durante la atención del caso.
Los hechos investigados se remontan al 8 de febrero de 2025, cuando Francinety Rivera Do Vale y Thayane Soely Vásquez Rivera denunciaron haber sido víctimas de agresión física y psicológica en su vivienda ubicada en la calle Borja Nº 423, en el distrito de Punchana. Pese a que se habrían presentado elementos probatorios, el proceso fue archivado en una etapa temprana, sin que se aplicara medida disciplinaria alguna.
Esta decisión inicial es ahora cuestionada por presuntamente vulnerar lo establecido en la Ley Nº 30714, que regula el régimen disciplinario de la PNP, al no haberse garantizado un procedimiento objetivo ni exhaustivo.
El 29 de octubre de 2025, el abogado Mauro Antenor Alarcón Vásquez, en representación legal de las víctimas, presentó una nueva denuncia administrativa. Además de Beltrán Tello Perea, el recurso alcanza al comisario de Punchana, comandante PNP Marco Antonio Rodríguez Vargas, así como a los suboficiales Frankly Montes Díaz, Fátima Cibla Pinedo y Patrick Mendoza Díaz.
Según el escrito, los efectivos policiales se habrían negado inicialmente a recepcionar la denuncia, calificando el hecho como un “conflicto familiar”, sin proceder a su registro formal ni activar los protocolos correspondientes para casos de presunta violencia.
La denuncia también señala que, el 9 de febrero, un día después de los hechos, el suboficial de segunda Romeo Trigoso Lozano habría acudido al domicilio de la denunciante para persuadirla de retirar su declaración, advirtiéndole que podría ser detenida por 24 horas si insistía en continuar con el proceso, conducta que podría configurar actos de intimidación y hostigamiento.
Asimismo, se cuestiona la actuación del suboficial Raúl Flores Gatica, quien fue designado para recoger una manifestación complementaria. Pese a la presencia de una representante del Ministerio Público, dicha diligencia no habría quedado registrada por escrito, y posteriormente no figuró en el expediente remitido a la Inspectoría, lo que genera sospechas sobre una posible pérdida o alteración de documentación oficial.
Las víctimas sostienen que durante cerca de diez meses han enfrentado una serie de obstáculos institucionales que derivaron en revictimización y vulneración de sus derechos fundamentales. También advierten una presunta relación de respaldo entre efectivos de la comisaría de Punchana y el denunciado, lo que —según alegan— habría afectado la imparcialidad del proceso y retrasado su avance hacia instancias superiores.
Con la reapertura del caso, se espera que la Inspectoría PNP realice una evaluación integral de las actuaciones policiales y determine eventuales responsabilidades administrativas, en un proceso que ha generado atención pública por la gravedad de las imputaciones y la jerarquía del funcionario involucrado.
(C. Ampuero)
