Otra vez la tensión

Un problema que parece no tener fin es lo que viene ocurriendo en la llamada legalmente comunidad campesina de San Juan de Miraflores, que tendría que haberse resuelto hace muchos años. Con el tiempo se ha vuelto un caso complejo social y judicialmente.
Por un lado está un expresidente comunal en la práctica, pero sigue apareciendo en los Registros Públicos (Sunarp) como tal, lo que cada cierto tiempo quiere hacer valer por el ‘bien de la comunidad’. Lo cual muchos no lo creen, nosotros tampoco.
El bien de la comunidad sería que trabajen juntos en el re empadronamiento y se convoque a nuevas elecciones comunales transparentes con el soporte de entidades autorizadas como la Onpe y las garantías fiscales.
Una vez más se ve alterada la vida organizativa de los comuneros de San Juan de Miraflores, al parecer por un fuerte ingreso económico que se daría con la ampliación del Aeropuerto de Iquitos que abarcaría una parte del territorio comunal.
La actual directiva transitoria se puso fuerte y con el respaldo de una asamblea ingresaron nuevamente al local, de donde salieron por el ingreso violento de un grupo de personas evidentemente lideradas por el inefable expresidente comunal Juan Carlos Gálvez Mondragón, quien es una enorme estaca, figurativamente, en el camino pacífico y posterior disolución de la comunidad campesina. Hasta le han retado que si habla de legalidad que en octubre convoque al comité electoral, que firme, se pase a elección y quien gane se inscriba en Registros Públicos. Es lo único que puede hacer.
La actual directiva transitoria tiene la misión de re empadronar a los comuneros, que se instale el comité electoral y se convoque a elecciones. Todo está claro. Se espera que esta vez se regularice la situación de la CCSJM.
Una vez regularizada es el momento de que se regularice también su condición porque ya no es una comunidad campesina y que de una vez pase a formar oficialmente en la zona urbanizada de la municipalidad distrital de San Juan Bautista.
O tal vez algún congresista presente un Proyecto de Ley que regule este territorio donde ex autoridades congresales y determinadas personas tienen extensos terrenos que no hacen uso, y ninguna directiva puso fin a esta situación que perjudica a la sociedad iquiteña en su conjunto que como urbe necesita de una habilitación ordenada en espacios públicos en desuso. El sentido común debe de primar y por supuesto la justicia para la paz social.