Luego de haber pasado cerca de 5 meses desde la terrible masacre indígena en el Lote 95, ORPIO y AIDECOBAP decidieron interponer una Denuncia Penal, contra los que resulten responsables, por los hechos ocurridos en 08 de agosto del 2020 en conflicto socio ambiental entre la empresa petrolera PETRO TAL S.A., el Estado y las comunidades de la zona de influencia directa del Lote 95.
Fue por la intervención de la PNP de Requena e Iquitos y una violenta represión y usando armas de fuego que murieron los indígenas Kukamas.
Para las organizaciones indígenas los delitos que deben ser investigados son: Homicidio Calificado, previsto y sancionado en el Art. 108° del Código Penal, por los fallecidos WILLIAN LOPEZ IJUMA, CHEMILTON FLORES CRISPIN y ELIX RUIZ ORTIZ a consecuencia de los disparos de arma de fuego efectuado por el personal policial.
En cuanto a lesiones graves, previsto y sancionado por el Art. 121° del Código Penal, en agravio de REGIS MENDOZA CHOTA, ALDAIR MAJIN MURRIETA, WELINTON PACAYA YAHUARCANI, JACOB ESTRATA PEREIRA, GUILLEROMO RICOPA SALAS, WILDER ESTRADA RICOPA, RUSBEL FLORES PILCO, ROBIN RUIZ YAICATE, GABRIEL ALVARADO TANGOA y RICHARD HARRIS CAMPOS PACAYA, y otros por identificar debe haber una investigación imparcial y se espera que la fiscalía especializada identifique a los culpables y sobre todo brinde garantías de vida a los que fueron heridos de bala.
Asimismo consideran que existe abuso de Autoridad, previsto y sancionado por el Art. 376° del Código Penal, la intervención policial realizada en el lugar pues fue al margen de la ley y causó la muerte de tres ciudadanos indígenas y un número indeterminado de heridos de bala. Hechos ocurridos en las instalaciones de la empresa y en el territorio de las comunidades.
Finalmente ORPIO y AIDECOBAP denuncian un posible encubrimiento real, previsto y sancionado en el Art. 405° del Código Penal, por haber alterado la escena del crimen y extraídos los cuerpos de los fallecidos sin intervención Fiscal, la madrugada del 09 de agosto.
Ante todos estos hechos, la indiferencia de las autoridades y la impunidad en Loreto. Las organizaciones decidieron denunciar penalmente y esperan apoyo de la Coordinadora de Derechos Humanos para poder llevar este caso ante el Fiscal de la Nación.
