- Indican que tendencia fortalece a la actividad petrolera por parte del Sernanp
Jorge Pérez Rubio, presidente de ORPIO-Aidesep, comentó sobre la posible situación que pasarán los pueblos indígenas con relación a los contratos firmados por el gobierno con empresas transnacionales.
«A pocos días de la investidura del próximo gobierno, es importante reflexionar, mencionar experiencias, problemas y tomar posición sobre cómo pensamos actuar en los años venideros. Para ello es necesario saber cómo está la casa.
Categorías de conservación reducen derechos colectivos de los pueblos indígenas al interior del Parque Nacional Sierra del Divisor para proteger, con incompatible y elevado fervor, los intereses de las empresas petroleras Pacific Stratus Energy (Lote 135) y Maple (Lote 31-B). Dentro del Lote 135 viven pueblos indígenas en aislamiento voluntario –el Ministerio de Cultura ha opinado a favor de la existencia de estos pueblos que desde tiempos remotos han decidido vivir dentro del bosque primigenio y fuera de la sociedad globalizada– y para salvaguardar la vida y la cultura altamente vulnerable y frágil de los pueblos en aislamiento frente a las amenazas de la demanda extractivista, las organizaciones indígenas han planteado la creación oficial de la Reserva Territorial Yavarí – Tapiche.
En el contexto de la consulta para la elaboración del Plan Maestro del Parque se ha evidenciado una sofisticada tendencia que fortalece la zancada de la actividad petrolera promovido por el SERNANP en agravio de los derechos humanos. Las organizaciones indígenas AIDESEP, ORPIO (Loreto) y ORAU (Ucayali) no han quedado impasibles ante el ahondamiento del peligro y han presentado ante el Ministerio de Cultura una acción de cumplimiento, garantía constitucional que busca hacer cumplir las normas vigentes respecto de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
La oferta de los proyectos de inversión en el territorio que habitan los pueblos indígenas ha dado lugar al ejercicio de la ley del derecho de la consulta previa, cuyo proceso llevado a cabo en el seno de las comunidades involucradas, ha hecho posible que el Estado pise con sus propias botas el cóctel de problemas antiguos y nuevos originados principalmente por la contaminación petrolera, la depredación de las especies, la corrupción y la insuficiente asistencia de los servicios básicos.
Las mesas y grupos de trabajo multisectorial han caminado demasiado lento que han de transitar -sin visos de continuidad– hacia el fuero del próximo gobierno. Como por ejemplo, la mesa de desarrollo de las cuatro cuencas y el grupo de trabajo del proyecto Hidrovía Amazónica.
El Proyecto Línea de Transmisión 220 Kv Moyobamba – Iquitos, es el monumento del subterfugio, de los intereses oscuros y de la viveza criolla elaborado con frescura por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para evadir el ejercicio de la ley de derecho de la consulta previa. Lo han negado varias veces a través de triviales argumentos. La Defensoría del Pueblo a través del OFICIO N° 055-2016-DP/AMASPPI, de fecha 03 de junio 2016, recomienda al MINEM realizar la consulta a los pueblos indígenas que se encuentran dentro del ámbito de influencia del Proyecto. Defensoría manifiesta que el Proyecto afectará derechos colectivos y no beneficiará a los pueblos indígenas de la zona.
Tenemos que poner sobre la mesa del próximo gobierno nuestra agenda basado en el desarrollo propio para su consideración y financiamiento. Hay problemas que no he mencionado –igual de grave– como el caso del Proyecto PTRT3 que procura reducir el derecho de territorio ancestral de los pueblos indígenas», indicó Jorge Pérez. (GL)
