Ser discapacitado no significa ser inútil. Eso deberían comprender quienes representando a instituciones públicas tienen la obligación, por mandato legal, de dar una oportunidad de trabajo a las personas que presentan una discapacidad, para que no tengan que llegar a la humillación de solicitar apoyo para sobrevivir.
Somos testigos de las penurias que muchas veces tienen que pasar estas personas que no tienen completas sus aptitudes físicas, pero que eso, precisamente, les ha llevado a desarrollar otras habilidades.
Esas capacidades que no tenemos los «normales» las tienen ellos, con lo que con suficiencia pueden desempeñar ocupaciones acordes con su preparación, hasta de nivel profesional.
Nadie puede ser marginado de un puesto de trabajo por no poder valerse de sus piernas, por no tener un ojo, etc.
Ese tipo de personas, quién sabe, tienen más, mucha más capacidad de dedicación y de voluntad para hacer bien las cosas, porque cuidan su fuente de trabajo, porque saben lo difícil que es que alguien le dé un trabajo por sus limitaciones físicas.
Queda en las autoridades desarrollar acciones que permitan a los discapacitados hacerlos útiles a la sociedad, sirviendo en instituciones públicas o privadas, ofreciéndoles un trato digno tanto o más que merecemos los demás, por su especial condición.
