Al fortalecimiento de competencias y un trabajo cohesionado, coadyuvó la capacitación “Prisión Preventiva”, temática de importancia ante el incremento de la criminalidad y delincuencia en el departamento de Loreto.
Este evento fue organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en articulación de la Corte Superior de Justicia de Loreto; y convocó la participación de jueces, fiscales, policías, defensores públicos y procuradores; todos ellos del ámbito penal y en la primera línea de lucha contra dichos flagelos.
En la inauguración de la jornada, el presidente de la Corte de Loreto mencionó la importancia de restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones del sistema de justicia; lo que parte de un trabajo con constante actualización profesional, honrado y eficiente que ayudará a combatir la impunidad.
“Para tener paz social y justicia se necesita, entre otras cosas, de profesionales preparados, honestos y con vocación para enfrentar los retos de nuestra región. Es importante que dimensionen la importancia de su labor, la cual aporta a la seguridad y tranquilidad con la que quieren vivir todos los loretanos”, sostuvo el Dr. Aristóteles Álvarez López.
Prosiguió la exposición por el Dr. Paul Ruíz Cervera, académico y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Tecnológica del Perú, quien abordó la estructura de la prisión preventiva, sus principios, aspectos normativos y requisitos.
Al mismo tiempo, se motivó la participación de los operadores de justicia, mediante el análisis de los problemas actuales que se presentan en su aplicación.
La Corte indicó se continuará con las acciones para fortalecer la justicia en casos penales, los que reportan mayor carga procesal en los últimos años en Loreto, a raíz de la creciente criminalidad y delincuencia, siendo los delitos con mayor incidencia: los de robo, hurto, tráfico ilícito de drogas y violencia sexual. Precisamente, por los que se solicita prisión preventiva, la cual no es la condena o sanción final, sino una medida cautelar que garantiza el curso del proceso hasta la emisión de la sentencia que corresponda.