- Apus cocama denuncian que Petroperú no cumple sentencia que ordena reparación integral y que el Estado mantiene una atención de salud insuficiente en la cuenca del Marañón.
A once años del derrame de más de 2 500 barriles de petróleo en la quebrada de Cuninico, ocurrido en junio de 2014, los apus Galo Vásquez y Armando Arce reiteraron ayer su preocupación por el incumplimiento de la sentencia judicial que ordena a Petroperú compensar a los pueblos afectados. Recordaron que la decisión del Poder Judicial dispuso que la empresa estatal asuma su responsabilidad por los daños ambientales, económicos y sanitarios, pero señalaron que hasta ahora no existe una respuesta concreta.
El derrame impactó directamente a unos 900 habitantes de Cuninico y, en total, a más de 4 000 pobladores cocama de las comunidades de Nueva Esperanza, San Francisco, Santa Rosa y Cuninico, todas organizadas en la Federación de los Pueblos Cocamas Unidos del Marañón (FEDEPCUM). Pese al tiempo transcurrido, las comunidades mantuvieron activa su demanda para que se cumpla la reparación integral ordenada por la justicia.
En declaraciones, los dirigentes señalaron que las afectaciones persisten en todos los niveles: la pesca sigue disminuida, los suelos degradados dificultan la producción agrícola y los problemas de salud continúan siendo una preocupación constante. Aunque brigadas del sector Salud han ingresado a la zona, los apus denunciaron que estas acciones no incluyen atención especializada para personas con metales pesados ni para quienes desarrollaron enfermedades graves tras el desastre.
Indicaron además que las brigadas no ofrecen los servicios especializados previstos, sino únicamente atenciones básicas que no responden a la magnitud de los daños. Arce recordó que varias personas fallecidas presentaron síntomas asociados a contaminación por hidrocarburos, pero sus casos no han sido investigados ni incorporados en un registro sanitario diferenciado. “Seguimos sin diagnóstico integral ni seguimiento médico”, afirmaron.
Los voceros comunales señalaron que la pobreza y la desnutrición se han profundizado desde el derrame, debido a la pérdida de recursos naturales y a la falta de programas estatales sostenidos. “Somos peruanos, estamos dentro del territorio nacional, pero no recibimos el trato que corresponde. La actividad extractiva que causó el derrame fue avalada por el Estado, y aun así seguimos esperando justicia”, expresó el apu Vásquez.
Respecto al proceso judicial, los dirigentes denunciaron que el juzgado dispuso un nuevo peritaje pese a que ya existía uno validado con apoyo del Instituto de Defensa Legal (IDL). Consideraron que esta medida constituye un retraso injustificado que permite que Petroperú evite cumplir las medidas de compensación. “Esto solo alarga nuestro sufrimiento”, manifestaron.
Finalmente, los apus informaron que ayer tenían previsto reunirse con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto para solicitar mayor celeridad en el proceso y exigir que se respete la sentencia. También anunciaron que pedirán una reunión con la Gerencia Regional de Salud de Loreto para conocer el plan de atención previsto para el 2026, especialmente en lo relacionado al tratamiento de pacientes afectados por hidrocarburos y metales pesados. Las comunidades kukamas esperan que estas gestiones abran finalmente el camino hacia una reparación real, once años después del derrame. (K. Rodriguez)
