- En visita de trabajo a Datem del Marañón, se propuso mesa de trabajo con autoridades ante el incremento de la inseguridad ciudadana.
- Se conoció que la Policía no cuenta con local propio ni puesto policial.
- Conversatorio con la sociedad civil permitió identificar problemas a superar.
El 20 y 21 de julio se realizó la visita judicial ordinaria a la Provincia del Datem del Marañón, zona fronteriza de Loreto, la misma que fue liderada por el Jefe de la ODECMA Loreto, juez superior Reynaldo Elías Cajamarca Porras, con participación de la integrante del equipo de visitas, magistrada Roxana Chabela Carrión Ramírez, y equipo de apoyo administrativo.
A través de ésta, se verificó el control de asistencia del personal, instándose a la cultura de la puntualidad, tanto en el ingreso al centro de labores como en el tiempo de ejecución de las diligencias judiciales, labor que debe destacar por el trato de calidad al justiciable, desde el personal de vigilancia, de mesa de partes, hasta el de los magistrados y auxiliares de justicia.
Al producirse la revisión de los expedientes judiciales, se observó que la carga procesal en el Juzgado Mixto y Juzgado de Paz Letrado de esta provincia se está tramitando con cierta regularidad y dentro del plazo razonable. Asimismo, los escritos presentados por los justiciables se encuentran dentro del plazo para ser proveídos.
Por otro lado, se exhortó a los servidores judiciales de que lo producido sea reportado en el sistema estadístico a fin de generar una data correcta para monitoreo adecuado.
En cuanto a las condiciones de infraestructura y equipamiento, se pudo observar que las instalaciones del módulo de justicia se encuentra con cercos precarios de madera y con alambres en las paredes medianeras con lo colindantes, lo que no ofrece ninguna seguridad al personal que labora ni a los bienes y expedientes, además de afectar el ornato urbano.
Igualmente, la puerta de ingreso al juzgado se encuentra deteriorada por el tiempo, haciéndose necesaria la instalación de una nueva, a la vez de precisarse la construcción de cercos adecuados.
Uno de los problemas que no tiene solución inmediata y que causa demoras en la tramitación de los expedientes son las notificaciones, toda vez que no se realizan en el tiempo indicado, ello a raíz de la falta de medios para llegar a los lugares más alejados, (barreras de índole geográfico) y, en otros casos, por notificaciones defectuosas a los destinatarios.
Al mismo tiempo, se identificó que los cargos de notificación se devuelven a destiempo, ocasionando la frustración de las audiencias, siendo indispensable que todo acto de comunicación se realice para la continuación de un proceso judicial.
Al finalizar la visita, la ODECMA dialogó con la población, abordándose la problemática de corrupción, celeridad de los procesos judiciales, especialmente en materia de alimentos y la atención eficiente al usuario judicial, los cuales fueron escuchados por la población, para luego producir un rol de intervenciones de las autoridades, entre ellas, el Sub prefecto, el Jefe de Seguridad Ciudadana, representantes de la Policía Nacional, del Ministerio Público, entre otros.
De igual manera, se conoció que la Policía no cuenta con local o puesto policial, ni movilidad propia y que trabajan en los pasadizos de los locales de la municipalidad y otros, y que ante el incremento significativo de la delincuencia, en delitos de robo con utilización de arma de fuego, así como usurpación de terrenos, hurtos; se propuso el trabajo articulado con todas las instancias de la sociedad civil en una mesa de trabajo.
Se resalta que la participación de la población es importante porque permite conocer los problemas y expectativas de la población. A su vez, los jueces de la provincia se dirigen a la población para destacar el trabajo que vienen desarrollando y el compromiso de impartir justicia con imparcialidad e independencia, asumiendo el compromiso de proyectarse a la población para hablar sobre tópicos jurídicos de interés público, como son procesos de alimentos, reposición del trabajador de una entidad pública, abuso de autoridad y usurpación.
Fue positiva la participación del Ministerio Público, Policía Nacional, Sub Prefecto y Jefe de Seguridad Ciudadana de la provincia, abogados, y público interesado.
