- Roberto Palacios Bran, jefe de ANC-PJ, anuncia medida histórica para asegurar la eficiencia y la transparencia.
Roberto Palacios Bran, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), reveló durante una reunión de trabajo con los jefes de las Oficinas Descentralizadas de la ANC-PJ (Odanc) que el próximo 10 de octubre marcará el inicio de una nueva era para la administración de justicia en el país con la entrada en vigencia del “Nuevo Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario”.
La característica distintiva de este reglamento, según Palacios Bran, es su naturaleza garantista, diseñada para asegurar que las resoluciones de los procedimientos disciplinarios sean eficaces, oportunas y predecibles. Anuncio que llega como respuesta a la imperante necesidad de fortalecer la integridad y la transparencia en el sistema de control judicial.
El reglamento está dividido en tres fases clave: Calificación, Procedimiento Administrativo y Apelación, se aplicará de manera exhaustiva, exceptuando su alcance a los jueces supremos. Este enfoque integral busca establecer un marco normativo que no solo sancione de manera justa, sino que también fortalezca la confianza en la administración de justicia.
Es imperativo destacar que la implementación de este nuevo reglamento es el resultado directo del cumplimiento del plazo establecido por la Ley N° 30943, Ley de Creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, que estableció un período de 60 días para su puesta en marcha.
Este cambio significa el fin del actual Reglamento Administrativo Disciplinario de la OCMA, vigente desde agosto de 2015. En este sentido, “la ANC-PJ está firme en su compromiso de avanzar hacia un sistema más eficiente, transparente y justo”, puntualiza Palacios Bran.
En otra parte de la reunión, Palacios Bran anunció sus planes para intensificar las visitas judiciales inopinadas en todos los distritos judiciales del país.
Las acciones de control estratégico a realizarse tienen como objetivo verificar la correcta administración de justicia, subrayando así la determinación de la ANC-PJ de garantizar la aplicación justa de la ley en todo el territorio nacional.
