General de la policía del Oriente
*Sin embargo, agregó que trabajan para poder detener y sancionar a los responsables de hechos ilícitos.
En efecto, algunos pobladores parecen decididos a hacer justicia por sus propias manos al ver que en más de una oportunidad algunos delincuentes son detenidos, pero al poco tiempo nuevamente son puestos en libertad y vuelven a reincidir en sus fechorías.
Sobre esa situación se pudo entrevistar al general de la policía Región Oriente, Víctor Hugo Guerrero Jáuregui, quien manifestó.
“Se aplica el Nuevo Código Procesal Penal, lo que pasa es que es muy garantista y exige una serie de procedimientos por cumplir, eso facilita al delincuente. Antes era más fácil detener a las personas, ahora hay que acumular más pruebas y mientras no se consigan no se puede llevar a la cárcel a una persona. Mas la policía trabaja para encontrarlas y toma acciones de inmediato”, mencionó.
¿En cuanto a la articulación de autoridades para mayor seguridad también falta celeridad a fin de conseguir el equipamiento?
-Estamos tocando varias puertas en el tema de seguridad como el gobierno regional, la municipalidad. Lo de las video cámaras que entregaría el gobierno regional entiendo que están pendientes porque están convocando a licitación. Sé que hubo problemas en la convocatoria y esperamos que rápidamente solucionen porque la seguridad es un tema neurálgico en todo el país. Nosotros estamos muy atentos y siempre con estrategias para impedir que la delincuencia crezca en Loreto.
Las declaraciones del General son absolutamente erradas, el NCPP no es garantista, simplemente exige que cada institución actúe con profesionalismo, lo que sucede es que la PNP no tiene divisiones especializadas que puedan trabajar conjuntamente con el MP para llegar a la verdad procesal, como en los paises civilizados. El General señala que es garantista, por que ya no se permite la tortura, la coìma entre otros procedimientos inquisitivos. Solo tienen que ser mas profesionales y respetar los derechos fundamentales de todos incluido de los investigados a quienes les asiste la presunción de inocencia según mandato constitucional, ya que es el MP conjuntamente con la PNP quienes tienen que demostrar su culpabilidad en un juicio público, oral y contradictorio.