Nuevamente se reprogramó juicio oral seguido contra luchadores del Datem del Marañón

Sala Penal dialogando con abogados antes de iniciarse proceso.

-Procesados manifiestan que pondrán de manifiesto su caso ante la comisión de Derechos Humanos

-Por exceso de tiempo en las investigaciones y el sucesivo quiebre del proceso.

Los hechos empezaron a investigarse desde el año 2007 sin que hasta la fecha se llegue a una sentencia final de parte del Poder Judicial, esto debido a diversas circunstancias. Para ayer se programó una vez más el re-inicio del juicio oral pero nuevamente se terminó reprogramando para el próximo 22 de octubre a las 10 de la mañana.

Sala Penal dialogando con abogados antes de iniciarse proceso.
Sala Penal dialogando con abogados antes de iniciarse proceso.

La denuncia se registró debido a que un grupo de ciudadanos tomó la estación petrolera de Petroperú a fin que el gobierno los atienda en una serie de demandas sociales, que luego gracias a esa lucha fueron consideradas. Sin embargo, en esa protesta falleció el joven estudiante Mario Vargas Paredes, según informaciones, a causa de los disparos directos de un policía nacional que aún continúa en servicio.

Ayer se reiniciaría el juicio en la Sala Penal pero no fue así, más bien se reprogramó para el 22 de octubre a las 10 de la mañana, por lo que el procesado Paul Pérez Peza, anunció que interpondrán un Hábeas Corpus ante la comisión de Derechos Humanos, debido a que se ha extendido las investigaciones por más de 5 años sin que se llegue al final de las mismas.

Por su parte el Abog. Jorge Tacuri, expresó lo siguiente:

«Técnicamente es un nuevo juicio oral porque el anterior se quebró debido a cambios en la Sala Penal por x razones. Es la tercera vez que se inicia el juicio y ya han pasado 05 años sin que pueda resolverse el problema, hay una persecución penal extensa que crea incertidumbre entre los procesados. Acá ya es un asunto de derechos humanos porque una persona no puede estar sometida tanto tiempo a una persecución de tipo penal.

Este proceso es para ocultar la responsabilidad de las fuerzas del orden en la muerte de una persona. El Estado oculta esa muerte y se ha levantado este proceso penal en el que hasta ahora no existe la capacidad para advertir que no existe ninguna razón jurídica para continuar este proceso. De lo contrario, en respeto a los derechos humanos ya se hubiera devuelto la acusación al Ministerio Público declarando improcedente, como lo ha dicho el Fiscal Supremo quien menciona que no hay razones suficientes y que solo con un trámite procesal se ha debido declarar nulo.

Incluso el Dr. Aldo Atarama, dio absolución a todos los implicados, entonces acá se viene desarrollando un proceso por 5 años que cualquier persona consideraría sin justificación y encima que por tercera vez estaría reiniciándose, realmente no lo entendemos» concluyó Tacuri.