- Declaró el abogado de IDL Juan Carlos Ruiz Molleda, quien defiende desde hace años la causa de dos asentamientos humanos del distrito de Punchana.
Asentamientos que se vieron favorecidos con una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el año 2023. En ella el TC mandaba a entidades como el gobierno regional, EsSalud, municipalidad provincial de Maynas, así como a la municipalidad distrital de Punchaha, atender de urgencia las necesidades básicas de esos asentamientos. Cosa que no han hecho.
Por lo que el día de ayer el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL, pidió en plena audiencia desarrollada en el juzgado civil, que se multe a los implicados en el tema, puesto que no hay derecho para que no atiendan y ejecute el mandato del Tribunal Constitucional.
Sin embargo, el colmo de todo, fue enterarse en la audiencia que el gobierno regional de Loreto, la gestión que está de salida, no ha solicitado presupuesto para los años 2027 y 2028 al Ministerio de Vivienda, tampoco al MEF.
Por lo que no habrá plata para atender a los dos asentamientos humanos sumamente afectados por la falta de agua, falta de sellado de desagües entre otros. “Han cerrado 180 metros del caño de desagües ubicado en la calle “Buenos Aires”, pero lo que se pidió fue que cierren 700 metros y eso no han cumplido”, habló Juan Carlos.
Agregó: “Acá el tema de fondo es que tienen que ponerles agua y desagüe, pero eso no se ve. Por eso pediré que se impongan multas a las cabezas de las gestiones que no cumplieron con la sentencia. Tres años es mucho lo que han demorado y todo hace indicar que seguirán igual por más años.
Han debido pedir presupuesto para el 2027 y 2028, pero no lo hicieron y esa es una tremenda falta de voluntad política que afecta a la zona de periferia. Es decir, no los consideran ciudadanos, no hay voluntad. Entonces lo que corresponde es que se les imponga multas para que se tomen en serio la resolución del Tribunal Constitucional. Acá se debe sentar un precedente y hacer cumplir la sentencia y punto” contó Ruiz.
Respecto a los otros dos casos, uno en torno al genocidio sufrido en la época del caucho y el otro respecto a la valoración económica para beneficio de las comunidades de Cuninico. La primera tuvo su audiencia hace 3 días, están en espera de la sentencia. Y la segunda, sobre la valoración económica para Cuninico, mencionó que están a espera que el Colegio Nacional de Ingenieros, aporte un Perito ambiental económico.





